La Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó a la Agencia Nacional de Discapacidad una prórroga urgente de los plazos para las auditorías de pensiones no contributivas por discapacidad, tras detectar serias deficiencias en la implementación del operativo.
Según el organismo, la falta de planificación, notificación adecuada y criterios claros está generando incertidumbre, sobrecargando al sistema de salud y poniendo en riesgo los ingresos de personas en situación de alta vulnerabilidad social.
El operativo se está desarrollando en Rosario, con citaciones en el Hospital Italiano, y en otras localidades del interior. Sin embargo, gran parte de los beneficiarios no ha sido informada oficialmente y, en muchos casos, no tiene forma de acceder a la auditoría.
Desde el organismo, se alertó que las pensiones podrían ser dadas de baja automáticamente si no hay constancia de presentación, aunque en muchos casos los destinatarios ni siquiera recibieron notificación formal por tener domicilios desactualizados o encontrarse en situación de calle.
A esto se suman cuestionamientos desde centros de salud municipales y organizaciones sociales, que advierten que la medida, en su ejecución actual, vulnera derechos y agrava la precariedad de quienes ya están atravesando situaciones críticas.
El Concejo Municipal de Rosario también se pronunció en contra del procedimiento, acusando al gobierno nacional de implementar un ajuste encubierto bajo la figura de control administrativo.
La provincia cuenta con más de 70 mil beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad, de un total de 1,5 millones a nivel nacional. En una reunión convocada recientemente por la sede rosarina de la Defensoría, participaron múltiples entidades que trabajan con personas con discapacidad, que coincidieron en que se necesita un nuevo esquema de auditoría, basado en la garantía de derechos humanos y condiciones reales de acceso.
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