Vicentin: aumentan las tensiones durante la espera del fallo de la Corte

A la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre la homologación del acuerdo concursal de Vicentin, las partes involucradas intensificaron sus pretensiones. La resolución definirá si se acepta el acuerdo con acreedores presentado por la empresa agroexportadora o si se abre la puerta a nuevas ofertas de salvataje.

En este marco, el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo reclamó a la Secretaría de Trabajo de la Nación que revise los informes que presente Vicentin en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis. Denunció que la firma “oculta su liquidez con las deudas de sus subsidiarias”.

Según el gremio, la compañía busca justificar ajustes salariales y de condiciones laborales en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), anunciado recientemente.

“Vicentin asegura en el PPC que no tiene liquidez en la caja, pero los informes de la sindicatura muestran que tienen deudas por cobrar, muchas de ellas de sus propias empresas satélite”, indicó el secretario general de la organización sindical, Daniel Succi.

“Paguen esas deudas ustedes mismos y no molesten a los trabajadores, porque la liquidez que dicen no tener está escondida en esas deudas de sus propias empresas”, reclamó el secretario gremial, Martín Morales.

En paralelo, Vicentin presentó una denuncia penal contra Mariano Grassi, titular de Commodities S.A., y otras entidades vinculadas, acusándolos de “estafa y extorsión”. Según la agroexportadora, estas empresas habrían ejecutado maniobras fraudulentas para obstaculizar el acuerdo con acreedores, con el objetivo de tomar el control de la compañía de forma irregular.

La denuncia, radicada en la Fiscalía Regional de Reconquista, señala que las acciones incluyeron denuncias falsas y la manipulación de sociedades aparentemente independientes para dificultar el proceso judicial.

El grupo Grassi se posiciona como uno de los principales interesados en liderar una propuesta de salvataje en caso de que la Corte habilite el mecanismo de “cram down”. Según la firma, esta alternativa plantea una oferta de pago más favorable para los acreedores comerciales medianos y grandes, eliminando quitas del 80% como las propuestas por Vicentin.