- El Ministerio Público resolvió no avanzar con la investigación al considerar que la Justicia española no tiene competencia sobre los hechos denunciados.
- Julio Iglesias publica chats con sus exempleadas para defenderse de denuncia por agresión sexual
La fiscalía española archivó la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales y trata de personas, al considerar que no es competente para investigar los hechos. Así lo informó el Ministerio Público a través de un comunicado oficial difundido este jueves.
“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía”, indicó el organismo en su resolución.
La denuncia había sido presentada el 5 de enero en España por dos exempleadas del artista, quienes afirmaron haber sido víctimas de presuntas vejaciones, acoso y abusos sexuales. Según el planteo judicial, las demandantes sostuvieron que Iglesias abusaba de su posición de poder sobre empleadas jóvenes y en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con una investigación periodística realizada por la cadena estadounidense Univision y el medio español elDiario.es, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, en propiedades del cantante ubicadas en Punta Cana, República Dominicana, y en las Bahamas. Una de las denunciantes incluso relató públicamente situaciones de penetraciones no consentidas.
Tras analizar la presentación, la fiscalía explicó que no podía abrir una investigación debido a varios factores clave: las denunciantes son extranjeras y no residen en España, el acusado no vive en territorio español —reside entre Miami, República Dominicana y las Bahamas— y los presuntos delitos habrían ocurrido en países que cuentan con plena competencia judicial para investigar esos hechos.
Julio Iglesias, de 82 años, negó las acusaciones y había solicitado el archivo de la denuncia, pedido que finalmente fue aceptado por la fiscalía española en base a criterios de jurisdicción, sin pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.
La decisión judicial cierra el trámite en España, aunque deja abierta la posibilidad de que las denuncias puedan ser evaluadas por la Justicia de los países donde habrían ocurrido los hechos.
