La provincia de Santa Fe endurece las medidas ante la ola de amenazas que afecta a establecimientos educativos. En una conferencia de prensa realizada en la sede de gobierno, Georgina Orciani, representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, confirmó que los adultos responsables de los menores que realicen estas llamadas deberán afrontar el costo económico de los operativos de seguridad, los cuales oscilan entre 5 y 6 millones de pesos cada uno.
Un delito con consecuencias penales y económicas
Desde el pasado jueves 16 de abril, se han contabilizado un total de 158 amenazas en diversas escuelas de todo el territorio santafesino. Las autoridades advirtieron que estos hechos no son considerados "bromas" o "travesuras", sino la comisión de un delito penal tipificado en el Código Penal Argentino.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, suscribió un acto administrativo que dispone un protocolo para lograr el resarcimiento y la indemnización al Estado provincial. "No es un recupero del dinero por el dinero en sí mismo, sino que es el dinero que todos los santafesinos aportamos para garantizar la seguridad", explicó Orciani.
Detalles de los operativos y el impacto en la seguridad
Cada amenaza activa un protocolo que implica el despliegue de personal policial, especialistas en explosivos y, en ciudades como Rosario, operativos de tránsito municipales coordinados. El costo promedio de estas intervenciones oscila entre 5 y 6 millones de pesos, cifra que puede variar según la localidad y la demanda del operativo. El resarcimiento económico deberá ser brindado por el padre, la madre o el tutor encargado de la custodia del menor identificado.
En paralelo al reclamo administrativo, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabajan para identificar a los autores y atribuir las responsabilidades penales correspondientes.
Contexto regional: retos virales y medidas preventivas
Las autoridades vincularon esta situación a una tendencia originada en retos virales de la plataforma TikTok, una problemática que también afecta a otras jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza.
En localidades como Puerto Gaboto, la gravedad de las amenazas llevó a implementar medidas extremas, como la obligación de que los alumnos asistan con bolsas de plástico transparentes para que los docentes puedan visualizar el contenido de los útiles y descartar la presencia de armas.
