Crece la presión social para frenar el recorte del gas y los senadores de Santa Fe definen su posición

Organizaciones civiles lanzaron una masiva campaña de firmas para frenar la reforma al régimen de "Zona Fría" en la Cámara alta. Están en juego las tarifas de 1,7 millones de santafesinos y las miradas apuntan al voto de los legisladores provinciales


31 may, 2026 19:19 | Actualizado: 31 may, 2026 19:27
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Información General: Crece la presión social para frenar el recorte del gas y los senadores de Santa Fe definen su posición

La pulseada por el costo de la energía entra en su etapa de definiciones más crítica. En vísperas del invierno, la media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto del oficialismo que busca reformar —y recortar significativamente— el régimen de Zona Fría encendió las alarmas en el sur de la provincia de Santa Fe. Ante la inminencia del debate en el Senado, agrupaciones vecinales, sociales y de consumidores nucleadas en la Red Nacional de Multisectoriales iniciaron una fuerte campaña de recolección de firmas para exigir a los legisladores nacionales que rechacen la iniciativa.

La estrategia de los sectores opuestos al ajuste consiste en consolidar una fuerte presión territorial que haga mella en la postura de los senadores de las provincias damnificadas. Mientras el oficialismo confía en sus primeros conteos parlamentarios para convertir el proyecto en ley, la ciudadanía busca visibilizar el dramático impacto económico que la medida tendrá en los hogares.

Un impacto directo sobre 1.760.000 santafesinos

Los datos técnicos expuestos durante las sesiones legislativas reflejan la magnitud del beneficio que hoy corre riesgo de desaparecer. El esquema actual de Zona Fría alcanza a ocho departamentos del sur de Santa Fe, un universo geográfico que representa a alrededor de 1,76 millones de personas.

El impacto habitacional y tarifario se desglosa en cifras contundentes:

  • Más de 550.000 hogares santafesinos se encuentran actualmente incluidos bajo el paraguas de este subsidio energético.
  • Solo en el departamento Rosario, la medida protege a 388.919 usuarios residenciales.
  • Para aquellos hogares vulnerables o alcanzados por el descuento máximo del 50%, la eliminación o reconfiguración del beneficio implicará, en términos prácticos, duplicar el componente subsidiado de la boleta de gas.

Los impulsores de la resistencia social advierten que aplicar este ajuste en plena temporada de bajas temperaturas generará tarifas "confiscatorias" que comprometerán una porción prohibitiva de los salarios de los trabajadores registrados.

El tablero político y el mapa del voto santafesino

En Santa Fe, precisamente, la atención está puesta sobre los tres senadores nacionales de la provinciaMarcelo Lewandowski, de Unión por la Patria, ya anticipó que votará en contra de los cambios. Pero Carolina Losada y Eduardo Galaretto, los otros dos representantes santafesinos en la Cámara alta, aún no dieron señales públicas claras sobre qué postura adoptarán cuando el proyecto llegue al recinto.

La discusión legislativa ha dejado expuesta una profunda grieta en la representación santafesina. Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, el mapa de votación se fracturó claramente: los legisladores de La Libertad Avanza votaron en bloque acompañando el proyecto oficial, argumentando la necesidad de sanear el fondo fiduciario y frenar el "costo fiscal" de un esquema que consideran sobredimensionado de forma desordenada.

En la vereda opuesta, el rechazo fue unánime por parte de los bloques de Unión por la Patria, los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, y sumó el posicionamiento en contra de figuras de la oposición provincial como la exvicegobernadora Gisela Scaglia. Ahora, el escenario se traslada a la Cámara de Senadores de la Nación, donde cada voto local será examinado bajo lupa por una sociedad civil movilizada.

La sombra de la judicialización: el antecedente Cepis

Quienes coordinan la junta de firmas y las protestas territoriales ya miran más allá del Parlamento. En caso de que el oficialismo logre sancionar la ley, las organizaciones ya preparan el terreno para trasladar la pelea a los tribunales.

El norte jurídico de esta estrategia es el histórico "caso Cepis", el fallo de la Corte Suprema de Justicia que durante el gobierno de Mauricio Macri frenó el cuadro tarifario original, dejando un precedente ineludible sobre la obligatoriedad de realizar audiencias públicas transparentes y, fundamentalmente, de garantizar criterios de razonabilidad y gradualidad antes de aplicar aumentos que impacten de forma masiva en la calidad de vida de la población.