La problemática del consumo de drogas volvió a ocupar el centro del debate público en los últimos días, a partir de la muerte de 24 personas (y la intoxicación de al menos otras 80) por el consumo de cocaína adulterada en el conurbano bonaerense, y de la internación de otras 7, también por cocaína adulterada en la ciudad.
En ese marco, se conocieron los resultados de la última Encuesta de la Deuda Social Argentina, a cargo de la Universidad Católica Argentina (UCA), sobre la oferta de drogas en las zonas urbanas del país, realizada entre julio y octubre del año pasado, en una muestra de más de 5.680 hogares representativos.
Según el reporte, en 2021, el 23% de los hogares en la “Argentina urbana” informó la presencia de venta y/o tráfico de drogas en la manzana, vecindario o barrio en el que está ubicado.
En tanto, los datos dan cuenta de una mayor presencia del flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo de drogas en los sectores de mayor vulnerabilidad socio-ocupacional. En rigor, un 41% de los hogares de sectores bajos marginales perciben venta o tráfico de drogas en sus alrededores.
Asimismo, en villas o asentamientos precarios, ese porcentaje se eleva: casi un 60% de hogares refieren que existe venta o tráfico de drogas en su zona. En general, cuatro de cada 10 hogares en condición de pobreza perciben la presencia del narcomenudeo en sus alrededores, frente a un 15% de los hogares no pobres.
Esto, señalaron, con especial influencia entre los adolescentes y jóvenes, “y con mayor penetración y visibilidad en los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad”. De acuerdo al informe, tres de cada 10 hogares donde habitan niños se encuentran ubicados en zonas con presencia de venta o tráfico de drogas.
Además, el reporte indica “la fuerte correlación entre el aumento de las adicciones y el avance territorial del narcotráfico en zonas tanto metropolitanas como en centros urbanos de baja escala poblacional”, con especial penetración en los barrios más pobres, pero también en los barrios populares y de clases medias, aunque con menor reconocimiento o visibilidad.
En ese sentido, aseguran, la evidencia indica una “marcada ausencia, impericia o desidia gubernamental” frente a la cual las casi únicas respuestas, insuficientes para cubrir la problemática en toda su dimensión, “surgen desde organizaciones no gubernamentales, iglesias, medios de comunicación o entidades privadas”.
