Para los colegios privados, "la carta de Trotta y Soria no es una intimación"

Los colegios privados consideran que el titular de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), Rodolfo De Vincenzi, expresó esta mañana en Buen Telefe que "no consideramos que sea una intimación porque el Gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires". Por ello, las instituciones de educación privada permanecerán con clases presenciales.

Asimismo, para De Vincenzi, "el lugar más seguro donde pueden estar los chicos son las escuelas".

Hoy a las 12.30 el Ministerio de Educación de la Nación convocó a una reunión por Zoom a las cámaras del sector, quienes plantearán que responden a las autoridades de la Ciudad.

“Los colegios de CABA están dictando clases, conforme a lo resuelto por su autoridad directa de contralor, que es la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP). Los colegios no pueden hacer otra cosa más que responder a su autoridad de contralor directa”, remarcó Rodolfo De Vincenzi en Telefe Noticias.

"Vamos a escuchar qué nos plantea el ministro Trotta", añadió.

"Valoramos el espacio de diálogo que nos propone Nación, pero si la Ciudad dice que hay clases, para nosotros hay clases en la Ciudad", señaló por su parte el titular de la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP), Martín Zurita, consultado por Infobae.

El martes por la noche, el Gobierno envió una carta a las cuatro cámaras de colegios privados instando a que suspendan las clases. “Se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, impulsado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.”, dice la carta que firmaron el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el de Justicia, Martín Soria.

Según detallaron desde el gobierno nacional, el fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril porque “fue dictada por un tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esta cautelar volvía a habilitar el dictado de clases presenciales en el distrito.

A su vez, señalaron que el accionar de las autoridades porteñas, que desconoció la sentencia del juez federal, “es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia” (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente). También aseguraron que la actitud del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, “expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”.