Política y Economía
Encuesta de Unión Industrial Argentina revela que el 47% de las empresas enfrenta dificultades para cumplir con sus pagos y los cheques rebotados aumentaron un 40%
Según un sondeo realizado por UIA, casi la mitad de las compañías del sector industrial están atravesando serias complicaciones para cumplir con sus obligaciones de pago. Además, los cheques rechazados experimentaron un incremento del 40%, reflejando las dificultades económicas que enfrentan muchas empresas argentinas en estos tiempos
La cadena de pagos en el sector industrial argentino comienza a mostrar las primeras y serias grietas, con la mitad de las empresas reportando dificultades para afrontar obligaciones esenciales. La situación se agrava por una fuerte contracción del consumo y la disparada de los cheques sin fondos.
Según supo la agencia NA, citando el informe del periodista Matías Bonelli en Clarín, una encuesta reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA) arrojó cifras alarmantes:
La alarma de la UIA y el problema de los proveedores
- Problemas de Cumplimiento: El 47,5% de los industriales encuestados admitió tener problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales (salarios, proveedores, impuestos o servicios).
- Colapso Total: El 8,2% de los empresarios afirmó tener problemas en todos los ítems de pago.
- Top 3 de Dificultades: Los rubros con mayores inconvenientes fueron Impuestos (29,3%) y Proveedores (26,7%).
El colapso se evidencia en la falta de liquidez: en el último trimestre se registró un incremento de entre el 30% y el 40% en los cheques rechazados. El caso más resonante es el de la Bodega Norton, que acumuló más de 40 cheques rechazados por un total de $618 millones de pesos.
La cadena se dobla
La situación es más acuciante para las Pymes, pero ya impacta en los grandes contratos. El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), Gerardo Fernández, advirtió a Clarín que la cadena "se empieza a doblar y a complicar".
El problema es estructural: incluso los plazos de cobro del Estado se extendieron, pasando de los 30-45 días convencionales a plazos de 60 a 90 días, lo que agrava la falta de capital de trabajo en la base de la pirámide productiva.