La estrategia del Gobierno para movilizar el dinero guardado y activar la economía real

El Gobierno intentará avanzar desde la próxima semana, durante las sesiones extraordinarias, con la aprobación del proyecto de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa que busca brindar garantías a quienes deseen regularizar dinero no declarado y reintegrarlo a la economía formal.

La propuesta —que se debatirá en paralelo con el Presupuesto 2026— fue enviada a Diputados en junio, aunque hasta ahora el oficialismo no había impulsado su tratamiento. Con la nueva configuración de la Cámara, La Libertad Avanza pretende acelerar su aprobación para incentivar que los fondos “guardados” fuera del sistema se incorporen al circuito económico.

Si bien la prioridad será la discusión del Presupuesto, el oficialismo también pretende incluir el debate del proyecto de “Inocencia Fiscal”, considerado clave para permitir el uso de dinero no registrado sin riesgo de sanciones por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según fuentes parlamentarias, el proyecto sería analizado entre jueves y viernes en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, las únicas comisiones que funcionarán en esta primera etapa de sesiones extraordinarias. Con la nueva correlación de fuerzas, el oficialismo y sus aliados tendrán mayoría en ambas comisiones, lo que les permitiría firmar dictamen y llevar la iniciativa al recinto el martes 16, junto con la ley de gastos y recursos.

Las presidencias de ambas comisiones no cambiarán: seguirán a cargo de los libertarios Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, quien dejó el PRO en noviembre para incorporarse a La Libertad Avanza.

Contenido del proyecto

La iniciativa propone modificar el enfoque sancionatorio de ARCA: no se judicializarán inconsistencias en declaraciones juradas siempre que el contribuyente pague la deuda correspondiente. Además, se permitirá ampliar el patrimonio sin necesidad de explicar su origen y se elevarán los umbrales para tipificar delitos de evasión.

El proyecto aumenta de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual el Estado puede investigar por evasión simple. Para considerar evasión agravada, el piso subirá de 15 millones a 1.000 millones de pesos.

También se reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. ARCA no iniciará acciones penales si las deudas y sus intereses son cancelados, aunque este beneficio podrá utilizarse solo una vez por contribuyente. Si la causa aún no fue denunciada, quedará extinguida si el contribuyente paga la deuda más un 50% adicional dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

En materia de sanciones, las multas por no presentar declaraciones juradas en término aumentarán significativamente, pasando a valores de entre 250.000 y 400.000 pesos.

Régimen simplificado

El proyecto incorpora un Régimen Simplificado de Ganancias que, según el Gobierno, otorgará un “blindaje definitivo” a quienes se adhieran. Podrán acceder contribuyentes con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos y quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales o consumos. ARCA solo cobrará Ganancias en función de los ingresos facturados, independientemente del crecimiento patrimonial, descontando los consumos declarados.

El artículo 39 establece que el pago tendrá efecto liberatorio si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y paga en los plazos previstos, siempre que no existan ingresos omitidos.

Otros puntos

El proyecto también unifica los plazos de prescripción tributaria en todo el país. Las obligaciones provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires se regirán por la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal, eliminando facultades locales en esta materia.

Además, se propone reducir de 10 a 5 años el plazo de prescripción aplicable a obligaciones relacionadas con la seguridad social y las obras sociales, acortando el tiempo disponible para que el fisco realice reclamos por deudas.