Desde hace unos días cobró fuerza la idea una interna fuerte en el Ministerio de Seguridad, entre quienes responden al actual ministro Jorge Lagna y a quienes lo hacían con su antecesor, Marcelo Sain.
En esa instancia, cuando los fiscales que investigan las balaceras quisieron conocer qué cantidad de móviles había, se encontraron con que dos funcionarios directamente faltaron a la reunión. Se trató del viceministro Jorge Montenegro y también del subsecretario de Prevención y Control, Alberto Mongia. El ‘faltazo’ hablaba de un mal clima.
En tanto, en la tarde de hoy se llevó a cabo un importante allanamiento (o como aclaró el fiscal ‘una medida de requerimiento de documental’, ya que se trata de una oficina pública) el Ministerio de Seguridad en la Sede de Gobernación de Rosario. Fue en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación.
Una de las causas que investiga la justicia tiene que ver con espionaje ilegal, aunque a quienes espiaban y por qué, aún no fue informado. Y también por la compra de armas, por una suma millonaria, que no se llegó a concretar, pero que según se informó la licitación estaba hecha en forma irregular para favorecer a una determinada empresa de origen israelí. En este último caso, fue denunciado por la oposición, y la compra se frenó.
Ahora, todos los funcionarios involucrados en las dos causas quedaron en la mira y 14 presentaron su renuncia, con lo cual muchas áreas del Ministerio quedaron ‘descabezadas’.
Además, en el operativo ejecutado por el Organismo de Investigaciones se secuestraron teléfonos celulares de 6 funcionarios públicos, para que sean peritados, con el objetivo de investigar la supuesta filtración de datos, en relación a allanamientos, ya que al llegar al lugar se encontraban con que las personas habían sido avisadas previamente.
Los funcionarios en cuestión son: secretario de Seguridad, Germán Montenegro; asistente técnica, Nadia Shujman; subsecretario de Prevención y Control, Alberto Mongia; director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez; subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; asistente técnico, Ramiro Cortese; director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; directora de los CTD, Carla Pecorini; Prensa, Federico Lluma y el subsecretario de Control, Diego Rodríguez.
El fiscal Hernández, tras finalizar el operativo en la sede de gobernación, señaló: “Concurrimos al Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en la delegación de Santa Fe a solicitar documental que era necesaria en el marco de dos investigaciones que estamos llevando adelante. Una referida a la licitación para la compra de armas y otra referida a espionaje ilegal”.
