El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y el proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados. La ley introduce modificaciones profundas en la regulación del trabajo y ya genera fuertes cuestionamientos desde el ámbito jurídico y sindical.
Para analizar el alcance de la norma, el abogado laboralista Sebastián Serrano explicó que el trabajo no es solo una relación económica, sino el eje que estructura a la sociedad. En ese marco, advirtió que la reforma redefine el vínculo entre empleadores y trabajadores de una manera que debilita la protección legal histórica del derecho laboral. “A lo que apunta esta ley, a pesar de que diga que es una modernización, es a un retroceso en el cual el derecho al trabajo casi no existía”, expresó.
Uno de los puntos centrales del proyecto, de acuerdo al especialista, es la dificultad creciente para que una persona sea reconocida como trabajadora dependiente. Incluso en los casos en que ese reconocimiento exista, la reforma reduce las consecuencias legales de no registrar correctamente una relación laboral o de incumplir derechos básicos. Salarios, vacaciones, protección frente al despido y derechos colectivos como la sindicalización y la huelga quedarían, según Serrano, sensiblemente debilitados.
Entre los cambios más controvertidos aparece el denominado “banco de horas”, un sistema que permitiría al empleador administrar la carga horaria del trabajador según las necesidades productivas. El abogado remarcó que este esquema rompe con la previsibilidad de la jornada laboral y afecta directamente la organización de la vida personal.
Serrano también alertó que la reforma, lejos de reducir los conflictos judiciales, podría incrementarlos. A su entender, al limitar derechos y generar situaciones de mayor desigualdad, muchos trabajadores que antes no reclamaban se verán empujados a acudir a los tribunales.
En ese sentido, sostuvo que “todo lo que instrumentan va en contra de la dignidad de las personas”. Además, remarcó que se eliminó una disposición que obligaba al empleador a ejercer sus facultades respetando la dignidad del trabajador y evitando abusos.
