Acusan a dos empresarios rosarinos por estafas con viviendas llave en mano: falsas promesas y obras inconclusas

Dos empresarios del rubro inmobiliario en Rosario fueron imputados por una serie de estafas relacionadas con la construcción de viviendas bajo el sistema “llave en mano”. Se trata de Nicolás V. y Claudio T., responsables de una desarrolladora que, según la Fiscalía, operaba como parte de una asociación ilícita. A partir de cinco denuncias presentadas, se reveló un esquema fraudulento que afectó a clientes en Rosario y localidades cercanas como Villa Gobernador Gálvez, Roldán y Alvear.

Ambos empresarios seguirán el proceso en libertad, pero con restricciones: no podrán salir de la provincia durante un año y deberán presentarse semanalmente ante la Justicia, tal como se acordó en la primera audiencia con el fiscal Miguel Moreno.

El método: promesas de obra rápida y pagos anticipados

La maniobra habría comenzado en 2022 y se extendió al menos hasta 2024. A través de tres marcas diferentes creadas para simular una estructura sólida y confiable, ofrecían servicios de construcción o remodelación de viviendas con una modalidad llamativa: el 70% del monto debía pagarse al firmar el contrato y el resto en cuotas fijas durante el desarrollo de la obra, dividido en cuatro etapas con un plazo máximo de 180 días.

En las redes sociales, las marcas mostraban imágenes de las mismas obras y compartían el mismo domicilio comercial. Para el Ministerio Público de la Acusación, se trataba de una fachada diseñada para atraer a potenciales clientes con una falsa sensación de profesionalismo.

Clientes engañados y obras abandonadas

Uno de los casos más significativos ocurrió en Villa Gobernador Gálvez. Allí, los empresarios firmaron un contrato por más de 5,5 millones de pesos para edificar una vivienda sobre una propiedad incluida en el programa Procrear. A pesar de los pagos, la obra jamás avanzó más allá de unas columnas: el resto de los materiales fue desviado a otros proyectos.

La operatoria solía comenzar con una asesora comercial que establecía el primer contacto por Whatsapp. Si el interés prosperaba, los clientes eran recibidos por Nicolás V., quien presentaba los planes y condiciones de pago. Luego, Claudio T. redactaba el contrato y se encargaba del área de desarrollo. A partir de ahí, según la investigación, se iniciaban las compras de materiales, pero estos eran utilizados en otras obras, mientras que las nuevas quedaban inconclusas.

Un sistema piramidal disfrazado de constructora

La acusación sostiene que los fondos y materiales aportados por nuevos clientes se usaban para terminar construcciones anteriores, en una lógica similar a la de una estafa piramidal. Los desarrolladores alternaban entre cortar todo contacto con las víctimas o mantenerlos a la espera con evasivas mientras los plazos se vencían y las obras no avanzaban.

Un ejemplo de esta dinámica se vio en un proyecto en Roldán, donde un cliente pagó en dólares por una vivienda de 60 metros cuadrados. El contrato se firmó en noviembre de 2023, pero la construcción nunca comenzó. Lo mismo ocurrió en Alvear, donde otra víctima abonó una suma en dos pagos,uno de ellos en mayo de 2024,para una casa de 42 m², sin recibir ningún avance a cambio.

Evidencias de una estructura planificada

Según la Fiscalía, los roles dentro de la organización estaban bien definidos. Nicolás V. tenía a su cargo la parte comercial y de captación, mientras que Claudio T. coordinaba los aspectos contractuales. Los dos manejaban una supuesta constructora que se ocupaba del trato con los municipios, la presentación de planos, la compra de materiales y la contratación de personal. Pero nada de eso se cumplía según lo pactado.

El primer caso que inició la causa penal ocurrió a comienzos de 2023, cuando dos personas entregaron más de tres millones de pesos para construir un quincho. Pactaron iniciar las obras 20 días después de obtener los permisos, pero los desarrolladores nunca comenzaron y sólo ofrecieron excusas ante los reclamos.

Otro caso, más reciente, detalla cómo en noviembre de 2022 dos víctimas firmaron un contrato para levantar una vivienda en cuatro etapas. Pagaron el 70% del valor y comenzaron a abonar las cuotas restantes. Aunque los trabajos arrancaron en marzo de 2023, con el armado de cimientos y algunas paredes, el proyecto se frenó en mayo tras completar la primera etapa de pagos.

Una trama que sigue sumando denuncias

Con cada nuevo testimonio, la Fiscalía refuerza la hipótesis de que no se trató de errores administrativos o incumplimientos aislados, sino de un entramado diseñado para defraudar. Por ahora, la Justicia impuso restricciones a los acusados, mientras avanza la investigación de una estafa que dejó a decenas de familias sin la vivienda prometida y con importantes pérdidas económicas.