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Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
El juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, procesó a dos exdirectivos de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de aportes jubilatorios y de obras sociales por un total de $1.644 millones. Además, ordenó embargos por $90 millones para cada imputado y estableció restricciones para garantizar el avance de la causa, aunque no dictó prisión preventiva.
La investigación comenzó el 29 de diciembre de 2023, cuando trabajadores de la planta de Sunchales denunciaron ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que la cooperativa había retenido sus aportes previsionales pero no los había depositado. Simultáneamente, empleados de la planta de Don Torcuato realizaron una denuncia similar, y ambas causas fueron unificadas en el Juzgado Federal de Rafaela.
Según la investigación judicial, el presidente del Consejo de Administración de Sancor entre febrero de 2020 y octubre de 2022 incurrió en 17 hechos de apropiación indebida, mientras que su sucesor, que ocupó el cargo entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, está implicado en 16 hechos similares. La suma total de los fondos retenidos y no ingresados asciende a $1.644.440.882,68.
De acuerdo con el fiscal federal Gustavo Onel, la cooperativa actuaba como agente de retención y percepción de aportes, pero los incumplimientos configuraron un delito previsto en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario. “El hecho de haber practicado las retenciones y no haberlas depositado permite inferir, en grado de probabilidad, una apropiación indebida de esos fondos”, sostuvo el fiscal al solicitar los procesamientos.
Entre las pruebas reunidas se destacan las denuncias originales de los trabajadores, la ratificación posterior, los resúmenes previsionales de la ex AFIP, la documentación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y el estatuto y nómina de autoridades de la cooperativa durante los períodos investigados.
El juez Cuello Murúa consideró que los imputados actuaron de manera intencional, conscientes de su rol como agentes de retención, y con la finalidad de obtener una mejora patrimonial, causando un perjuicio económico significativo. Por ese motivo, además del procesamiento, se dispuso el embargo de bienes por $90 millones para cada exdirectivo, y se estableció la obligación de no obstaculizar la investigación y comunicar cambios de domicilio, bajo apercibimiento de ley.
