Rosario y la región
En operativos conjuntos secuestraron pesca ilegal en Santa Fe y Córdoba
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros, lideró una serie de operativos esta semana que resultaron en el secuestro de dorados, bagres y surubíes. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Policía Ambiental de Córdoba, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Economía Circular de esa provincia.
Los controles se desplegaron desde el comienzo de la semana en varios puntos estratégicos. En la primera jornada, se realizaron inspecciones simultáneas en la Ruta Nacional Nº 19, en las localidades de Josefina (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba), así como en la Ruta Nacional N°8, en Maggiolo (Santa Fe) y Arias (Córdoba). Durante estas intervenciones se labraron actas de infracción según lo establecido en la Ley N° 12.212 y normativas adicionales.
Las irregularidades detectadas estaban relacionadas con el transporte de productos pesqueros sin la licencia correspondiente y la ausencia de guía de transporte. Además, se encontraron especies prohibidas, como el dorado (Salminus brasiliensis), en contravención a la Ley Provincial N° 12.722.
El Ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, enfatizó la importancia de la protección y conservación de la biodiversidad, declarando: “Cuidar nuestros recursos naturales es una responsabilidad de todos, nadie está exento de las normativas”.
Los operativos se extendieron posteriormente al límite con la provincia de Córdoba, donde se inspeccionaron vehículos de transporte de pescado, resultando en la identificación de dos infracciones a la ley pesquera. Los vehículos implicados, en su mayoría provenientes de actividades turísticas en localidades costeras, fueron objeto de las medidas correspondientes, incluyendo la incautación de especies diversas, entre ellas surubíes, dorados y bagres.
Estos esfuerzos conjuntos entre distintos organismos gubernamentales reflejan un compromiso compartido en la protección de los recursos naturales y la aplicación efectiva de las leyes ambientales para garantizar la sostenibilidad de actividades pesqueras.