Extorsiones desde la cárcel: juzgan a la pareja de un recluso que cobraba “protección” a comerciantes

Este miércoles comenzó en Rosario un juicio oral poco frecuente: el de una serie de extorsiones a comerciantes, organizadas desde la cárcel. Entre los acusados se encuentra Samanta Joana Vilches (36), quien hasta su detención en mayo de 2022 era pareja y visitante habitual de Fabio Giménez, un recluso vinculado a la narcocriminalidad que montó un complejo esquema delictivo desde su celda en la prisión de Coronda.

La investigación sostiene que Giménez, ya condenado a prisión perpetua por homicidios por encargo, también dirigía una red que exigía pagos a comerciantes a cambio de “protección”. Vilches, según la Fiscalía, actuaba como organizadora de la banda, encargándose de seleccionar las víctimas, recolectar información personal y transmitirla a Giménez, quien luego iniciaba el contacto extorsivo.

El fiscal Pablo Socca describió el accionar como parte de un fenómeno más amplio que definió como “pymes carcelarias”: estructuras delictivas que operan desde penales con complicidad o negligencia del servicio penitenciario. En su alegato, destacó la modalidad de cobrar un “impuesto mafioso” mediante amenazas, mensajes intimidatorios y, en algunos casos, ataques a tiros para sembrar miedo y doblegar a las víctimas.

Una de esas víctimas fue un comerciante de mudanzas de Rosario, quien fue vigilado y amenazado por la banda. Otro caso involucra al dueño de un local en barrio Las Heras, que terminó pagando 280 mil pesos luego de recibir mensajes extorsivos y sufrir una balacera contra su negocio.

Vilches enfrenta cargos por cuatro hechos de extorsión (dos consumados y dos en grado de tentativa) y por integrar una asociación ilícita. La fiscalía solicitó para ella una condena de 20 años de prisión. También están acusados Vanesa Luna (35), juzgada como partícipe primaria en dos casos, y su pareja, Lucas Robay Romagnoli (33), compañero de celda de Giménez. Para ellos, Socca pidió 9 y 6 años de prisión respectivamente.

El juicio cobra relevancia en un contexto en el que muchas causas similares se cierran con acuerdos abreviados, evitando el debate oral. En este caso, se buscará demostrar cómo operaba esta estructura desde la cárcel, cómo accedían a teléfonos móviles y cómo convertían la extorsión en una fuente de ingresos “fácil y sin riesgo”, según palabras del fiscal.

Giménez, conocido por su historial criminal, ya había sido condenado por múltiples delitos. En paralelo a su pena perpetua, firmó un acuerdo por 15 años de prisión por estas extorsiones, en las que habría contado con la colaboración de parejas, menores y sicarios a sueldo.