La discusión por la posible prohibición de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe volvió a quedar en el centro del debate luego de que integrantes de la arquidiócesis de Rosario mantuvieran una reunión con trabajadores de la actividad para escuchar sus historias y planteos.
El encuentro se dio mientras avanza en la Legislatura santafesina un proyecto de ley que apunta a prohibir la actividad en toda la provincia y al que Rosario ya anticipó que adheriría en caso de aprobarse.
Entre quienes participaron estuvo Verónica, una mujer que trabaja cuidando autos y que llegó a esa situación tras perder su empleo en un taller de costura debido a problemas de salud. Según relató, padece una hernia de disco lumbar y actualmente percibe una pensión por discapacidad que no le alcanza para sostener los gastos cotidianos.
La mujer comentó además que comparte las dificultades económicas con su expareja, quien también atraviesa problemas de salud y debe afrontar una intervención quirúrgica. Ambos realizan la actividad como una forma de subsistencia mientras intentan sostener otros ingresos informales.
“Me parece que no estamos haciendo nada malo, somos personas con cultura de trabajo”, expresó y sostuvo que nunca recurrieron a la violencia ni a exigir tarifas fijas a los automovilistas.
También señaló que muchos vecinos y comerciantes de la zona los conocen y respaldan su presencia, ya que consideran que aportan seguridad en la cuadra. En ese sentido, diferenció a quienes trabajan de manera voluntaria de aquellos que extorsionan o intimidan a conductores para cobrar dinero.
“Hay gente que nos mete a todos en la misma bolsa, y yo creo que no somos todos iguales”, expresó al referirse a la imagen negativa que gran parte de la sociedad tiene sobre los cuidacoches.
Según explicó, uno de los pedidos planteados durante la reunión con representantes de la Iglesia fue avanzar en algún tipo de regulación o censo que permita identificar a quienes ejercen la actividad de manera pacífica y separarlos de situaciones vinculadas a amenazas o violencia.
Desde la Iglesia rosarina, el arzobispo Eduardo Martín ya había manifestado públicamente que, más que prohibir, considera necesario ordenar la actividad y encontrar alternativas para las personas que hoy dependen económicamente de ese trabajo informal.
