Piden penas entre 17 y 19 años para los imputados por el crimen de Bocacha Orellano

El fiscal Patricio Saldutti solicitó penas de entre 17 y 19 años de cárcel para dos policías y dos patovicas imputados por el homicidio de Carlos “Bocacha” Orellano, en la audiencia preliminar al juicio llevada a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal.

Para Claudio Fabián Maidana y Emiliano Oscar López, quienes se desempeñaban como personal de seguridad en el boliche adónde Bocacha Orellano había ido aquella noche a bailar, el fiscal Saldutti solicitó penas de 17 años de prisión efectiva, más accesorias legales y costas en carácter de coautores.

En tanto que a Carina Laura Gómez y Gabriel Julio Nicolossi, policías que prestaban servicios adicionales en el boliche Ming al momento del homicidio de Bocacha, requirieron penas de 19 años de prisión de cumplimiento efectivo; multa de dinero, inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público por el término de 1 año; e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena.

La Fiscalía le atribuyó a los policías Gómez y Nicolossi y a los patovicas Maidana y López, quienes la madrugada del 24 de febrero de 2020 cumplían servicios de seguridad para el local bailable Sr. Ming River House, ubicado en el complejo La Fluvial, luego de que Orellano fuera retirado del boliche entre las 4.30 y las 5, haber ejercido violencia física contra él, en cercanías al Muelle 3.

Tras rodear a Bocacha contra la baranda del río Paraná, aprovechándose de la superioridad física y numérica, y habiéndolo golpeado, determinaron con su accionar que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río, circunstancias que le provocaron la muerte. El cuerpo de la víctima salió a flote el 26 de febrero, a la altura del kilómetro 418, en cercanías al lugar del hecho.

También le atribuyeron a Gómez y Nicolossi en su carácter de empleados policiales de la provincia de Santa Fe, y como tales, funcionarios públicos, que en la madrugada del 24 de febrero, en ejercicio de sus funciones, y al presenciar la presunta caída de Orellano al río Paraná, dando aviso a las 5.36 al 911 y a personal de Prefectura a las 5.30.

Según la acusación, omitieron informar en esa oportunidad la existencia de una interacción entre los cuatro imputados y Orellano, como tampoco dieron aviso inmediato al Ministerio Público de la Acusación de alguna de estas circunstancias. Se retiraron del lugar sin documentar debidamente su actuación, lo que le impidió al personal de Prefectura ahondar en la información necesaria para poder llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate.

Por último se le imputó a Gómez y Nicolossi haber insertado en un acta de procedimiento, redactada y suscripta por ambos imputados, declaraciones falsas. “Detrás de las barandas de seguridad, lo que a simple vista parece ser una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua”, siendo que se podría tener por acreditada un hecho con Orellano.

Esta situación de relevancia fue intencionalmente omitida en el acta que se les requirió para probar el hecho descripto, generando de este modo un perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los acontecimientos, entiende la acusación.

El juez Nicolás Foppiani llevó adelante la audiencia preliminar, admitiendo el requerimiento acusatorio contra los cuatro imputados. Y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 5 de agosto, cuando continuará dicha audiencia previa al juicio.