La regulación de los cuidacoches en el espacio público volvió a postergarse en la Legislatura provincial. El debate, que estaba previsto para tratarse en la jornada de ayer, se reprogramó para la próxima semana tras la irrupción del posicionamiento del Arzobispado. Monseñor Eduardo Martín se pronunció en contra de la prohibición absoluta que plantea el proyecto, sosteniendo que la medida dejaría desamparadas a las personas que realizan esta tarea por extrema necesidad y proponiendo, en su lugar, un reacomodamiento del sector.
El proyecto de ley en discusión, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores, tiene como eje central combatir las prácticas extorsivas de quienes ejercen la actividad por fuera de los marcos legales. El senador Ciro Seisas, impulsor de la iniciativa, se refirió a la postergación y valoró la intervención eclesiástica al señalar que la Iglesia tiene una "mirada humanitaria que hay que escuchar" frente al actual contexto de deterioro social.
Seisas aclaró que la normativa no tipifica la actividad como un delito penal, sino que propone incorporarla como una contravención dentro del Código de Convivencia provincial. Según el legislador, el objetivo principal es impedir que se monten actividades económicas informales basadas en la intimidación, las amenazas o los daños a la propiedad en la vía pública. "Hasta el día de hoy, esto no está permitido, pero tampoco está prohibido", graficó sobre el vacío legal existente.
El espíritu del proyecto contempla un "puente de legalidad" que otorga facultades a los municipios para adherir de acuerdo con sus realidades locales. Como antecedentes regionales de contención social, el senador citó los casos de Santa Fe capital y Rafaela, ciudades de menor escala donde una porción de los cuidacoches fue reconvertida e incorporada a cooperativas de trabajo. Con esto, la iniciativa busca diferenciar a las personas en situación de vulnerabilidad de los grupos violentos u organizaciones organizadas que llegan a exigir cobros extorsivos de entre 5.000 y 20.000 pesos durante espectáculos masivos y partidos de fútbol.
El escenario de cara al próximo jueves permanece abierto a modificaciones. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados tiene previsto recibir formalmente a representantes del Obispado para analizar los puntos en discusión. Seisas no descartó la introducción de cambios en la redacción final, siempre que preserven la aplicabilidad de la norma y el control del espacio público. "Es una deuda que la política tiene con la sociedad en los últimos 30 años tenemos una oportunidad que creo que es una ventana única y tenemos que saber aprovecharla", concluyó.
