En un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino manifestó su rechazo a la solicitud realizada por la Inspección General de Justicia ante el Ministerio de Justicia.
Según el texto difundido, la AFA sostuvo que “no será sometida a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”.
Qué anunció la AFA
La entidad adelantó que en las próximas horas presentará recursos judiciales para frenar la designación de veedores.
“Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”, indicó el comunicado.
Además, la AFA hizo referencia a lo que denominó “precedente Bullrich”, al señalar que en 2023 la IGJ dispuso una intervención sobre el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), entonces presidido por Patricia Bullrich, medida que posteriormente fue anulada por la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Qué plantea la IGJ
La solicitud de veedores fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo y apunta a relevar documentación contable y financiera que, según el organismo, habría sido requerida sin obtener respuesta.
Desde la IGJ aclararon que la medida no implica una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de sus funciones de fiscalización ante posibles “graves irregularidades”.
El trasfondo del conflicto
En su comunicado, la AFA también cuestionó lo que considera un intento de avanzar sobre el modelo de clubes sociales y vinculó la situación con el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
“El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales”, expresó la entidad, que ratificó que defenderá su autonomía “por todas las vías judiciales y democráticas”.
El caso abre un nuevo frente institucional en el fútbol argentino y ahora quedará en manos de la Justicia definir el alcance y la validez de la medida impulsada por la IGJ.
