La normativa promulgada este lunes modifica de manera significativa el sistema penal aplicable a menores de edad en Argentina. A partir de su publicación en el Boletín Oficial, el nuevo Régimen Penal Juvenil se aplica a adolescentes desde los 14 hasta los 18 años al momento de cometer un delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales.
Uno de los cambios más relevantes es la reducción de la edad de imputabilidad penal, que hasta ahora era de 16 años bajo el régimen anterior. Con la nueva ley, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados penalmente si se considera que cometieron un delito conforme a la legislación vigente.
Nuevo esquema de sanciones y penas graduadas
La ley no sólo baja la edad de imputabilidad, sino que también establece un sistema de penas graduadas que tienen en cuenta la edad del adolescente, la gravedad del delito y las circunstancias en que se produjo el hecho.
Entre las disposiciones:
Se priorizan medidas socioeducativas que buscan la resocialización, educación y reinserción social del adolescente antes que la prisión en muchos casos.
Se prohíbe la imposición de penas perpetuas o indefinidas para personas adolescentes, y se fijan límites máximos de pena privativa de libertad cuando corresponda.
El objetivo declarado en la normativa es combinar responsabilidad penal con herramientas que favorezcan la integración social y educativa de los jóvenes imputados, aunque el énfasis y el debate en torno a esa combinación continúan en distintos sectores de la sociedad.
Aprobación parlamentaria y vigencia
La norma fue sancionada definitivamente por el Senado de la Nación Argentina el 27 de febrero de 2026, con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el marco de las sesiones extraordinarias.
Con la firma del presidente Javier Milei y su publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 138/2026, la ley fue promulgada y entra en vigencia, marcando un cambio histórico en la legislación penal juvenil en el país.
Contexto regional
La Argentina se suma así a varios países de la región que tienen fijada la edad mínima de imputabilidad en 14 años, como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, aunque la forma de aplicar y ejecutar las sanciones varía según cada sistema judicial.
La implementación del nuevo régimen genera un amplio debate en la sociedad y entre especialistas sobre su impacto en la seguridad, la justicia juvenil y las políticas públicas relacionadas con la infancia y adolescencia.
