El Gobierno removió a Pedro Biscay como director del Banco Central

El Gobierno nacional removió hoy a Pedro Biscay como director del Banco Central, por "mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público", luego del dictamen en ese sentido dictado por una comisión bicameral en el Congreso el martes. Biscay fue designado en agosto de 2014 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y tenía mandato hasta 2019.

La decisión fue comunicada en el Boletín Oficial con la publicación del decreto 571/2017, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Según el decreto, "existen variados y consistentes elementos de juicio que determinan la violación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina por parte del señor Pedro Martín Biscay".

Además, resalta que la comisión bicameral que trató su salida "ha concluido expresando que las actitudes del mencionado Director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del Banco Central y los objetivos constitucionales del mismo".

Puntualmente, Biscay está acusado por el oficialismo de realizar "afirmaciones que ponen en riesgo los objetivos establecidos" en la Carta Orgánica del Banco, "particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas".

En los últimos meses, Biscay publicó una serie de artículos financieros, particularmente en el diario Ámbito Financiero, en los que analizaba la política económica y monetaria del Gobierno y advertía de la posibilidad de una crisis.

Tras su remoción, el exfuncionario consideró: "Esta situación demuestra que el país atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democráticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepción, donde la ley deja de ser la pauta de actuación de los servidores públicos. Esta situación pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurídicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrática".

27/07/2017