Impugnan la postulación de Daniel Rafecas en la Procuración General de la Nación

Los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo, con el patrocinio de José Javier Bulacio, impugnaron este martes la postulación de Daniel Rafecas para asumir el cargo del Procurador General de la Nación.

Su candidatura se había oficializado la semana pasada, según lo confirmó la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien indicó que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso el pliego para designar al magistrado en el cargo de jefe de los fiscales, cargo que está vacante desde octubre de 2017, tras la salida de Alejandra Gils Carbó.

Desde la Fundación Apolo apuntaron contra el juez y cuestionaron su "idoneidad moral" en la gestión al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3.

Argumentaron que su "falta de independencia" se manifiesta "fundamentalmente, en un hecho clave que ha signado su carrera judicial: la desestimación, en tiempo récord, de la denuncia que realizara el fiscal Alberto Nisman contra la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA".

Los abogados recordaron en un escrito difundido a la prensa la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de una sanción aplicada a Rafecas por la Magistratura "por recibir en privado a personas ajenas a la causa iniciada por la denuncia de Nisman, adelantarles la decisión a tomar, omitir dar intervención a quienes eran parte, extendiendo un manto de sospecha sobre el trato igualitario que debe prodigarse los sujetos procesales".

Desde la fundación criticaron además a Rafecas por "comunicarse vía chat con un letrado vinculado a una parte", en el marco de la causa Ciccone. En este sentido, afirmaron que esta conducta "motivó al Superior a desplazarlo de dicho expediente, en razón de haberse visto afectada su imparcialidad". 

Por otro lado, advirtieron sobre "la conclusión a la que arribó el Tribunal Oral Federal Nº 3 de la Capital Federal", por la instrucción de la Causa N° 857/07, caratulada 'Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho' ('Coimas en el Senado').

Según expresaron, en los fundamentos que dieron lugar a que se giraran las actuaciones al Consejo de la Magistratura, el Tribunal sostuvo: “…a partir del examen de las actuaciones y transcurrido el debate quedó expuesta la parcialidad con que se llevó adelante la instrucción de esta causa, que se agudizó con la dirección del Dr. Daniel Eduardo Rafecas, cuya labor se encaminó a alcanzar metas preordenadas, todas ellas tendientes a procesar a un expresidente de la Nación y a las autoridades de los bloques mayoritarios que, para el año 2000, conformaban el Senado de la Nación. En ese derrotero el Tribunal observó una limitación arbitraria al derecho de defensa de los imputados, como así también la recepción y valoración parcial de la prueba recabada y el incumplimiento de normas
procesales...”, reproduce Perfil.com parte del escrito.

"Más allá de las conductas que lesionan la idoneidad moral del postulante, resulta un despropósito pretender que el Ministerio Público sea conducido por quien demostró no ser independiente, eludió investigar la denuncia que llevó a la muerte a un destacado integrante del organismo que hoy pretende conducir y, finalmente, puso en duda –sin fundamento alguno- la salud mental del fallecido funcionario", concluyen en el escrito en referencia a Nisman.