La Fiscalía de La Plata pidió la suspensión de los aumentos con topes del gas

La fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, pidió que se suspendan las resoluciones 99 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que fijaron topes máximos de 400 y 500 por ciento en la suba del cuadro de tarifas del servicio de gas, al pronunciarse en el marco de la nueva medida cautelar formulada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).

En el país hay 46 causas en distintos estamentos cuestionando el tarifazo y el Gobierno había solicitado que la Corte Suprema fuera la encargada de resolver la cuestión a través de un per saltum.

Pero el 7 de julio pasado, la Cámara Federal de La Plata frenó los aumentos en todo el país y ratificó la vigencia de la medida hasta tanto resuelva un planteo del Gobierno, presentado a través del Ministerio de Energía, en el cual se solicitaba que se dé marcha atrás con la prohibición.

Este jueves, el presidente de la Sala de Feria de la Cámara Federal de La Plata, Roberto Lemos Arias, libró 46 oficios a tribunales de diversas jurisdicciones del país, a los fines de pedirles las causas que tramitan ante esos estrados para cumplir con la acumulación ordenada en la sentencia.

El juez recordó que el fallo de La Plata tiene alcance nacional y fue la primera del país en ser inscripta en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES 99 Y 129/2016

La fiscal Russo pidió ante el juez Federal Alberto Osvaldo Recondo, con competencia civil, comercial y contencioso administrativa, que se suspendan las resoluciones 99 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que fijaron topes máximos.

Al respecto, argumentó: “Si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio".

Y advirtió: "Tenemos, en consecuencia, un pronunciamiento judicial que no solamente invalidó las resoluciones 28 y 31 que habían establecido un nuevo cuadro tarifario sino que contuvo un plus: determinó volver las cosas a la situación previa al dictado de ambas resoluciones. Resulta nítido, por tanto, que el Ministerio [de Energía y Minería] demandado no estuvo habilitado para cambiar ese statu quo".

(Telefe Noticias)

22/07/2016