La inteligencia de la provincia de Santa Fe detectó indicios de un posible plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro, tras el secuestro de armas de guerra, fusiles de asalto chinos y armamento de la OTAN enterrados en una casa quinta de Roldán vinculada a la banda criminal conocida como Los Menores. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien detalló que el informe llevó a tomar medidas especiales de protección.
Según el funcionario, el informe de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, fechado el 10 de marzo, advertía que el arsenal podría formar parte de un plan dirigido contra el gobernador y algunos de sus funcionarios, motivado, en parte, por el avance de políticas de seguridad más estrictas en la provincia. Cococcioni aclaró que se trabaja sobre una hipótesis de investigación, pero destacó que las alertas coincidieron con información propia de los equipos de inteligencia.
A raíz de ese reporte, se reforzó la custodia del gobernador y se ajustaron los protocolos de traslado: los viajes que puedan realizarse por aire se priorizan de esa forma, y los que sean por tierra cuentan con características especiales de seguridad, explicó el ministro. Además, se informó que el automóvil oficial de Pullaro cuenta con medidas de protección extremas como parte de los mecanismos preventivos adoptados.
El hallazgo del arsenal se dio en el marco de una investigación criminal que incluyó allanamientos en Roldán e Ybarlucea el pasado 4 de marzo, donde se incautaron múltiples armas de alto calibre ocultas bajo tierra. Entre lo secuestrado había pistolas 9 mm y calibre 40, fusiles calibre 5.56 y 223, escopetas y otras armas largas, algunas consideradas de última generación. La pesquisa fue llevada adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) junto con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
Como resultado de los procedimientos, dos personas quedaron imputadas por asociación ilícita y custodia del arsenal, y la justicia dictó prisión preventiva por dos años para ambos. Las fuentes judiciales indicaron que la causa sigue abierta a la espera de nuevas evidencias que confirmen si efectivamente existía un plan concreto para atentar contra la vida del mandatario provincial.
El hecho se produce en un contexto de fuerte presencia de crimen organizado y violencia vinculada a mafias en la región, que ha llevado al gobierno provincial a implementar protocolos de seguridad y reforzamientos operativos en diferentes puntos de Santa Fe.
La investigación continúa bajo supervisión de la fiscalía, mientras que el gobierno asegura que las medidas de protección y coordinación con fuerzas de seguridad seguirán activas para prevenir cualquier intento de ataque contra las autoridades provinciales.
