Procesaron a Julio De Vido y a otros exfuncionarios por la entrega irregular de subsidios millonarios a empresas de colectivos

La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, quien también procesó a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Sobre ellos el magistrado mandó a trabar distintos embargos, de hasta 900 millones de pesos, dijeron las fuentes.

En la maniobra, según la resolución, se incurrió en los delitos de "defraudación contra la administración pública" y "administración fraudulenta". Además, se "ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional" de aproximadamente 610 millones de pesos.

"Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían", consignó el Juez.

Los procesados "pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados", añadió Bonadío.

Bonadío estableció que "este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes". Bonadío dictaminó que "la maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014".

En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.

El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración jurada a la Secretaría de Transporte por parte de las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros, y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces o no.

(Telefe Noticias)

10/07/2017