Cinco años de prisión para el hombre que baleó el edificio de Tribunales Federales

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario sentenció a Guillermo Sebastián Camarasa a cinco años de prisión por disparar contra la sede de los Tribunales Federales, ubicada en Oroño 940, durante la madrugada del 28 de septiembre de 2022. La sentencia subraya que el propósito de Camarasa era "infundir temor tanto a los miembros del Poder Judicial de la Nación, como también a la sociedad en su conjunto".

La resolución, publicada este viernes en el portal Fiscales, fue emitida el 19 de junio pasado como parte de un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa del acusado y el Ministerio Público Fiscal, compuesto por el fiscal general Federico Reynares Solari, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa.

Camarasa, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, fue condenado por el delito de intimidación pública en concurso real con portación de arma de fuego, agravado por registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas. Además de la condena de prisión, el tribunal dispuso su inhabilitación absoluta por igual tiempo y mantuvo la declaración de reincidente. Sin embargo, fue absuelto del delito de amenazas.

La sentencia afirma que "Los elementos de convicción reunidos en la instancia judicial temprana, como consecuencia de las medidas oportunamente ordenadas, permiten tener por acreditado que el acusado disparó con un arma de fuego en dos oportunidades contra la garita de seguridad perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, emplazada sobre el predio perteneciente a los Tribunales Federales sitos en Bv. Oroño 940 de esta ciudad".

Aunque no fue llevado a juicio ni imputado formalmente, los investigadores consideraron a René Ungaro, un conocido referente del delito local, como posible instigador del hecho. En octubre de 2022, su celda en el penal federal de Rawson fue requisada y su antiguo domicilio en el Fonavi del Parque del Mercado, allanado.

Al evaluar la figura de intimidación pública, el tribunal destacó que " el hecho de haber disparado un arma de fuego contra un edificio afectado al funcionamiento del Poder Judicial constituye un medio idóneo para generar el temor público que el tipo penal en análisis requiere" y añadió que este hecho "cobra aún mayor relevancia si, nos detenemos a confrontar este hecho con la coyuntura que atraviesa Rosario, en la que lamentablemente han tomado carácter público, diversas situaciones de balaceras y ataques –que han recaído sobre diferentes lugares y/o edificios públicos estatales (nacionales y provinciales), como también privados–, perpetradas con la finalidad de intimidar y/o amedrentar a la población de esta ciudad; hechos de público conocimiento que, han sido investigados por los órganos judiciales competentes en cada caso".

Las pruebas, que incluyen filmaciones y hallazgos de municiones, respaldaron que "sin perjuicio de que no se haya producido el hallazgo del arma utilizada en la ocasión, sin dudas el acusado portó el arma de fuego con que efectuó los disparos" y que "dicha portación se extendió en el tiempo, por cuanto precedió y sucedió al hecho en cuestión". Además, un informe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal confirmó que Camarasa no tenía autorización para portar armas.