Docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Rosario comienzan este lunes una medida de fuerza por siete días que dejará las aulas vacías en toda la ciudad. El reclamo, de alcance nacional, exige la convocatoria a paritarias y denuncia una caída del 34% en el poder adquisitivo de los salarios bajo la gestión de Milei.
El paro afectará no solo el dictado de clases, sino también las mesas de examen, los trámites administrativos y las actividades de investigación en las distintas facultades.
Según datos proporcionados por la Conadu, la situación salarial atraviesa un momento crítico. Un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibió en enero un sueldo bruto de $305.604, lo que representa una caída interanual del 12,9% frente a enero de 2025.
El plan de lucha en la UNR y la UTN
En el caso de la UNR, los docentes nucleados en Coad confirmaron que la huelga fue impulsada tras el congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. El gremio local advirtió que, de no mediar respuestas, el conflicto escalará: ya se proyectan dos semanas de paro en abril, tres en mayo y la posibilidad de una huelga por tiempo indeterminado a partir de junio. Además, confirmaron su participación en la marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril.
Por su parte, la UTN Rosario también ratificó el cese total de actividades. Desde la asociación gremial FAGDUT, informaron que la decisión surgió de una consulta nacional con fuerte anclaje en la ciudad. Daniela Díaz, presidenta de la seccional Rosario de FAGDUT, calificó la situación como "desesperante" y aseguró que, según sus relevamientos, el retraso salarial acumulado frente a la inflación ya supera el 50%.
Tensión con el Gobierno y disputa judicial
El eje del conflicto se centra en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras el sector docente exige la vigencia de la norma sancionada en 2025, el Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto que propone aumentos escalonados del 4,1% en tres tramos, pero elimina la garantía de actualización automática según el INDEC.
Actualmente, el financiamiento de las casas de altos estudios se encuentra bajo disputa legal. Tras el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspendió el decreto del Ejecutivo que intentaba frenar la aplicación de la ley vigente. A pesar de este fallo judicial, los gremios denuncian que la normativa no se está cumpliendo en la práctica, lo que profundiza el malestar en las universidades públicas de todo el país.
