Un empleado municipal del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) fue condenado este viernes a la pena de cinco meses de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en la sustracción de material sanitario. Con este fallo, ya suman cinco los agentes públicos sentenciados por maniobras delictivas dentro del centro de salud más importante de la región.
El condenado fue identificado como Fernando Lodríguez (45), quien se desempeñaba en el área de Farmacia del hospital. La sentencia fue dictada por la jueza Hebe Marcogliese, luego de un acuerdo abreviado presentado por el fiscal José Luis Caterina y el defensor Gonzalo Rucci. Además de la privación de la libertad, el hombre deberá pagar una multa de 50.000 pesos y no podrá ejercer funciones en establecimientos de salud por el plazo de un año.
La investigación penal contra Lodríguez tomó impulso el 7 de noviembre de 2025, cuando la jefa de Farmacia del HECA lo sorprendió intentando retirar del edificio nueve cajas de guantes de examinación (900 unidades en total) que llevaba ocultas en su mochila. Aunque inicialmente logró retirarse del lugar, fue detenido días después por personal de Asuntos Internos cuando regresó a su puesto de trabajo.
La situación procesal del acusado se agravó considerablemente tras los peritajes posteriores que arrojaron pruebas contundentes. En su propio vehículo, un Ford Fiesta rojo que permanecía estacionado en el playón del hospital, los investigadores detectaron 200 catéteres intravenosos y diversos medicamentos, entre ellos diclofenac. A este hallazgo se sumó el secuestro de hojas de bisturí y gel conductor en un garaje relacionado con su vivienda, elementos que integraban el patrimonio oficial del hospital público. Por estos hechos, la causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa, hurto consumado e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales.
Este caso no es un hecho aislado. En julio de 2025, otros cuatro trabajadores del mismo hospital (Darío F., Oscar L., Antonio A. y Eduardo T.) ya habían sido condenados por hechos similares ocurridos a finales de 2024. En aquella oportunidad, las penas incluyeron prisión, multas de 200.000 pesos e inhabilitaciones para trabajar en el sistema sanitario.
