La decisión judicial de devolver a Lolo al domicilio donde habría sufrido abuso sexual provocó una ola de repudio entre organizaciones proteccionistas y vecinos de Rosario. El perro había sido retirado del hogar tras la viralización de un video que mostraba las agresiones y permanecía bajo resguardo desde entonces.
La polémica creció luego de conocerse el testimonio del veterinario Carlos Cossia, quien intervino en la atención del animal y manifestó públicamente su enojo y preocupación por la resolución. El profesional sostuvo que el perro fue recibido por la Policía Ecológica junto a material audiovisual que evidenciaba situaciones de abuso y remarcó que el animal presentaba un fuerte estado de miedo y vulnerabilidad.
Según explicó, durante la revisión veterinaria se realizaron estudios específicos para determinar posibles lesiones físicas derivadas de las agresiones. Si bien indicó que no se constataron daños internos severos, afirmó que sí existieron conductas de abuso sexual hacia el animal y consideró incomprensible que vuelva al mismo entorno donde ocurrieron los hechos.
Cossia también apuntó contra el tratamiento legal del caso y cuestionó que la situación haya sido abordada desde una mirada patrimonial del animal y no desde su condición de ser sintiente. En ese sentido, señaló que, al tratarse de un menor de edad no imputable, la causa judicial habría perdido sustento y eso derivó en la restitución del perro a sus propietarios.
Además, aseguró que existen numerosas personas y asociaciones dispuestas a adoptar y resguardar a Lolo de manera permanente, y destacó el rol que cumplen las organizaciones proteccionistas en el sostenimiento de animales que quedan bajo custodia judicial.
La situación motivó la convocatoria a una movilización este viernes frente al Centro de Justicia Penal, donde distintos sectores reclamarán que se revierta la medida y que se contemplen mayores garantías de protección para el animal.
