En el marco de un despliegue conjunto de las fuerzas federales, se logró desarticular dos organizaciones dedicadas al narcomenudeo que operaban de forma simultánea en la ciudad de Rosario. El operativo, desarrollado bajo los lineamientos de la segunda etapa del Plan Bandera, culminó con el secuestro de aproximadamente 13.000 dosis de cocaína y la suma de 90.000.000 de pesos.
La investigación, impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Microtráfico, identificó a una mujer como la principal responsable de la estructura criminal. Según fuentes oficiales, la sospechosa coordinaba las operaciones de "soldaditos" y "mulas" encargados de la logística y distribución en el territorio.
La detenida cuenta con antecedentes que la vinculan históricamente a organizaciones de mayor jerarquía delictiva en Santa Fe, con presuntos nexos previos con las bandas de "Los Monos" y, posteriormente, "Los Menores". Para los investigadores, el material hallado en los dispositivos electrónicos secuestrados será determinante para profundizar en la cadena de mando y localizar a los proveedores.
Los procedimientos confirmaron un cambio significativo en el modus operandi del narcotráfico regional. Ante la intensificación de los patrullajes y la saturación de efectivos en puntos críticos, las organizaciones han optado por prescindir de los bunkers fijos para evitar ser detectadas.
En su lugar, se ha consolidado la modalidad delivery, donde la comercialización se gestiona mediante pedidos remotos y entregas en puntos itinerantes. Las autoridades advirtieron que esta mutación incluye el uso de perfiles de baja sospecha para el traslado de las sustancias, detectándose casos en los que se utiliza a madres con hijos menores para evadir los controles preventivos en la vía pública.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el subsecretario Federico Angelini subrayó que estas acciones forman parte de una fase estratégica orientada a debilitar la estructura económica de las bandas. Tras una etapa inicial centrada en la recuperación del control territorial, el objetivo actual radica en neutralizar la capacidad operativa mediante el retiro de circulación de activos y armamento.
"La manera de pegarle más fuerte es sacándole las armas y el dinero de estas organizaciones", afirmó el funcionario. Los 90 millones de pesos incautados suponen un revés financiero directo para las estructuras que operan en el sur de la provincia.
