La falta de pago a transportes especiales dificulta la rehabilitación de unos 200 chicos santafesinos

Los transportistas de personas con discapacidad, nucleados en la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (A.TRA.ES.), realizan una movilización este miércoles al IAPOS debido a las deudas en las prestaciones que vienen sobrellenado de obras sociales, puntualmente del programa Incluir salud santa Fe, el Pami nacional y el Iapos.

La precaria situación en el sector derivó en que un 30% de transportistas hayan abandonado la actividad y unos 200 chicos no tengan transporte para dirigirse a espacios de rehabilitación.

En ese sentido, desde las 9 horas se realiza la movilización y concentración en la sede del IAPOS de Rosario (Rioja entre Balcarce y Moreno).

Lo que reclaman los transportistas es un aumento de aranceles “necesario para poder sostener las prestaciones de transporte frente a los aumentos desmedidos que hemos sufrido en los últimos tiempos”, dijo Pablo Bolego, presidente de A.TRA.ES.

“Es una situación que venimos padeciendo desde la pandemia, devaluaciones del gobierno anterior, situación que no se ha podido recomponer y revertir en los últimos años”, agregó.

Según denuncian los principales referentes, “se trata de la aplicación de una política regresiva aplicada por estos organismos al no reconocer los módulos mensuales de servicios y abonar solo por día, en el caso de los transportistas y un arancel significativamente inferior al aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad, órgano regulador de todo el sistema integral”.

Para Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), “el servicio de transporte resulta esencial para que los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad puedan asistir a los espacios en los que se educa, atiende su salud, habilitación, rehabilitación y reciban las demás prestaciones indicadas para su atención integral.

Y sostuvo: “La suspensión del financiamiento de la prestación de transporte, por parte del Pami y las Obras Sociales Provinciales, afecta directamente la inclusión de las personas con discapacidad profundizando su aislamiento y segregación en clara violación con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”