“La gente común quiere saber de qué lado está cada uno”

Aunque aclaró que el encuentro de la Justicia federal en Rosario no era “una manifestación corporativa” y que no se pretendía “decir que las culpas son de los otros”, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, marcó la cancha de entrada. “Para enfrentar al narcotráfico con eficacia hay que hablar de algo más. Hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y una sociedad comprometida”, arrancó después de una breve introducción.

En su doble función de presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, roles que alternó durante el discurso, entregó el primer título de la jornada que los medios (de Buenos Aires, sobre todo) replicaron rápido en las redes: “Rossati reclamó decisión política para enfrentar al narcotráfico”.

A poco de andar, dejó al descubierto que algunas especulaciones acerca del desembarco de la cohorte de magistrados federales en la Facultad de Derecho de la UNR no eran desatinadas: vinieron a decir ponemos el cuerpo, somos solidarios con nuestros colegas rosarinos y estamos preocupados, pero para encontrar la solución hay que golpear otra puerta. La puerta de la política, claro.

Y hacia allí viró el contenido de su disertación, colocando al narcotráfico como una problemática social que debe ser atacada mucho antes de que se convierta en hechos justiciables. “El fenómeno debe abarcar factores que son previos y excede al derecho y al sistema de juzgamiento. Debe comenzar con el sistema cultural, educativo y económico. Lo primero que hay que pensar (y sobre lo que hay que actuar) es en desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico. Lamentablemente, ello no ha ocurrido en la Argentina”, expresó.

Rosatti consideró primordial que se actúe en el marco de un Estado “cohesionado”, porque “el narcotráfico constituye una manifestación del crimen organizado y no puede ser enfrentado por un Estado desorganizado”. En esa tarea incluyó a “los tres poderes horizontales” y a los “verticales” (Nación, provincia, Ciudad de Buenos Aires y municipios).

También le dedicó un pasaje, como vienen pidiendo en los últimos días desde distintos sectores, a la necesidad de aplicar en el ámbito de la Justicia federal el sistema acusatorio como existe en la provincia, lo que le imprimirá más dinamismo a las causas.

La lista de reclamos se fue haciendo larga con el paso de los minutos. Pidió “participación para el rediseño del mapa judicial en función de la evolución del crimen organizado; para flexibilizar las estáticas estructuras tradicionales y permitir la continuidad del servicio de justicia sin las excusas burocráticas que irritan a la gente común”. Allí, por primera vez, se refirió a los ciudadanos como “la gente común”. Lo hizo dos veces más en su discurso y el detalle no pasó por alto entre algunos de los oyentes que se apiñaron en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.

Luego, como era previsible, llamó a cubrir las vacantes “con los magistrados más idóneos y comprometidos con los valores democráticos y con la defensa de la sociedad frente a las distintas manifestaciones del crimen organizado”. En otro mensaje hacia la política, sostuvo que “no se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces; y la provisión de las herramientas tecnológicas que nos permitan combatir a esta delincuencia sofisticada en condiciones -al menos- de paridad”.

Rosatti evitó entrar en disputa dialéctica con la Justicia provincial, seguramente enterado de ciertas críticas con las que importantes funcionarios del foro local sembraron el camino hacia la reunión de hoy: “Como Corte Suprema de Justicia de la Nación (y ahora hablo en la representación institucional de un tribunal que constituye la última instancia de los órdenes federal y locales por igual), no venimos a instalar ni a potenciar una evitable dicotomía entre Justicia federal y Justicia provincial en el tema que nos convoca, cuya exacerbación es funcional al progreso de la delincuencia organizada”. Como bonus track, le hizo un guiño al trabajo de los fiscales santafesinos.

En uno de los conceptos más fuertes que se le escuchó, el santafesino subrayó que “la cárcel no debe controlar a la calle”. Los medios, atentos, convirtieron en título esa frase. “Es necesario contar con las herramientas de información necesarias -siguió-, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo, obtenidas dentro de los parámetros constitucionales. Una inteligencia inteligente y democrática, cuya relevancia no debe ser subestimada”.

“En definitiva, lo que quiere saber la gente común es de qué lado está cada uno. Y esto nos involucra a todos. A los funcionarios públicos de los tres poderes y de todos los estamentos territoriales; y también, por supuesto, al resto de las organizaciones sociales”, interpeló sobre el final de su intervención, para dividir las aguas entre buenos y malos: “Estamos del lado de la ley, de la defensa de la cultura del trabajo lícito, de la inclusión y de la convivencia pacífica. Para que se note. Para que se note quiénes están de este lado, y para que se note también quiénes no lo están”.