Un fallo judicial sin precedentes en la provincia de Santa Fe ha generado fuerte impacto al sancionar a un padre deudor de cuota alimentaria con la prohibición de cruzar a la isla, acampar y amarrar cualquier tipo de embarcación. La medida, calificada como "creativa" por los magistrados, busca forzar el cumplimiento de las obligaciones legales de un hombre que acumula una deuda superior a los 7,5 millones de pesos, mientras ostentaba una vida de lujo en redes sociales.
Un historial de incumplimientos y engaños
El conflicto judicial se remonta al año 2018, cuando se inició el primer juicio tras detectarse que el demandado presentaba recibos de sueldo adulterados para declarar ingresos menores a los reales. Según detalló la abogada de la madre, Liliana, el hombre inicialmente contaba con un trabajo estable, pero eludía el pago de los gastos extraordinarios, tales como viajes escolares y actividades deportivas de sus hijos.
Tras abandonar su empleo en relación de dependencia para evitar retenciones, la situación se agravó. Durante el último año, el deudor no realizó ningún aporte, lo que consolidó la millonaria cifra adeudada que hoy reclama la familia.
Pruebas en redes sociales: el detonante de la medida
La particularidad de este fallo radica en las pruebas aportadas. Mientras el hombre alegaba ante la Justicia la imposibilidad de trabajar y generar ingresos, realizaba publicaciones frecuentes en Instagram. En sus redes sociales, se lo veía disfrutando de playas y paradores en días de semana e incluso filmándose con drones.
Ante la evidencia de un estilo de vida que contrastaba con su supuesta insolvencia, la Justicia decidió restringir sus actividades recreativas náuticas. Esta medida se suma a otras sanciones previas que ya pesaban sobre él:
- Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios.
- Prohibición de salida del país (solía vacacionar en Brasil).
- Prohibición de ingreso a espectáculos deportivos, incluyendo la cancha de Newell’s Old Boys.
- Restricción de asistencia a los partidos de vóley de su hijo.
Implementación y violencia económica
Para garantizar el cumplimiento de la nueva restricción, se librarán oficios a la Prefectura Naval Argentina, para que la fuerza pueda interceptarlo en el río. Asimismo, se notificará a los principales paradores y playas de la zona de Rosario, donde el hombre ya es identificado por su actividad digital.
El fallo no solo se limita a lo económico, sino que encuadra la situación como un caso de violencia económica hacia la madre, quien trabaja como empleada de comercio y debe afrontar sola el alquiler y la crianza de dos adolescentes.
En el ámbito familiar, el vínculo se ha deteriorado notablemente. Según la defensa, el hombre intentó desconocer la obligación legal de mantener a su hijo mayor al cumplir los 18 años, ignorando la normativa vigente en Argentina que extiende la responsabilidad hasta los 21 años (o 25 si el joven estudia). Actualmente, los hijos han reducido el contacto con su padre debido a hostilidades y comentarios despectivos hacia la madre.
