Un chanta: el DFI arrestó a un hombre que se hacía pasar por abogado y estafó por 54 millones de pesos

La presente causa tuvo su génesis en octubre del corriente año, como consecuencia de una denuncia dirigida a un presunto letrado domiciliado en la ciudad santafesina de Sunchales, el cual se habría encargado de perpetrar decenas de fraudes.

Fue en dichas circunstancias que intervino la Fiscalía Regional N°5, a cargo del Dr. Carlos Vottero, la que rápidamente delegó la investigación al personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rafaela.

Posterior a ello, los efectivos de la mencionada dependencia iniciaron amplias tareas de campo y análisis informativos, determinando que el implicado no era abogado: sólo había rendido 13 materias de Derecho en una universidad ubicada en la provincia de Santa Fe, gozando de un título absolutamente falso.

Y en ese sentido, los uniformados establecieron la veracidad del hecho denunciado, pues detectaron la utilización de oficios judiciales apócrifos, los cuales carecían de medidas de seguridad y eran remitidos a través de correos electrónicos (no oficiales) de la justicia.

Profundizadas las pesquisas, se comprobó el modus operandi del sospechoso: el mismo se trataba de captar personas que se encontraban bajo extremas necesidades legales. Les afirmaba ser un abogado de familia o civil para luego exigirles una serie de transferencias de dinero, en carácter de honorarios, cuotas de alimentos y gastos operativos relacionados a gestiones o juicios que, en realidad, jamás se desarrollaban.

Una vez reunida esa información, los agentes de la PFA lograron corroborar que el causante había percibido un monto total de 54 millones de pesos en el transcurso de tres años. Además, certificaron que únicamente entre enero y noviembre de este 2025, le ingresaron a su caja unos $18 millones que correspondían a transferencias realizadas por sus “clientes”.

El Ministerio Público de la Acusación de Rafaela a cargo del Dr. Guillermo Loyola, imputó al individuo por diez hechos similares y ordenó a los funcionarios federales que lo apresen.

Atento a ello, los servidores públicos montaron un discreto operativo en las inmediaciones de la vivienda ubicada sobre la calle Payró, materializando su detención y procediendo al secuestro de dos teléfonos celulares, una computadora, un pendrive, un sello y documentación de relevancia.

El detenido, de nacionalidad argentina y 30 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Estafas reiteradas y agravadas”.