Milei presentó su nuevo Código Penal: más severidad y mayores restricciones

El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo Código Penal, con el objetivo de reconfigurar el sistema punitivo argentino y “terminar con la impunidad”.

El anteproyecto busca introducir cambios que pongan fin a lo que el Ejecutivo califica como “una tomada de pelo a toda la sociedad”, cerrando la llamada “puerta giratoria” que permitiría a personas condenadas reincidir en delitos.

Entre las principales modificaciones, se propone un endurecimiento de las penas en numerosos delitos, la eliminación de la prescripción en casos graves y restricciones a los beneficios que permiten reducciones o morigeraciones de condena.

Endurecimiento de penas

El anteproyecto eleva los mínimos y máximos de una amplia variedad de delitos. Por ejemplo, el homicidio simple pasaría de 8–25 años a 10–30 años, mientras que el homicidio agravado incorpora nuevos supuestos, como víctimas que sean el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65 años, o casos cometidos en lugares de concurrencia masiva mediante armas u otros elementos letales.

También se endurecen penas por lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil, que pasaría de 3–6 años a 3–12 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años. La posesión con fines de distribución tendría penas de 4 a 12 años.

En el capítulo sobre robos, se incluyen figuras específicas como “motochorros”, “viudas negras” y apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple aumentaría de 1 mes–6 años a 3–8 años cuando se comete con fuerza en las cosas, y a 3–10 años si se ejerce violencia sobre las personas.

Imprescriptibilidad de delitos graves

Una modificación clave es la eliminación de la prescripción para delitos graves. Entre ellos figuran homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. El anteproyecto señala que la justicia podrá investigar y responsabilizar a los autores sin importar el tiempo transcurrido.

Prisión efectiva y limitaciones a beneficios

El proyecto eleva los mínimos penales para garantizar que la mayoría de los delitos implique cumplimiento efectivo de la pena, estimando que el 82% de los casos requerirá prisión efectiva. Además, se amplía la lista de delitos que no podrán acceder a condena condicional, incluyendo robos agravados y portación ilegal de armas, y se restringe la liberación anticipada para reincidentes y quienes hayan cometido homicidios, robos con armas o delitos dolosos como funcionarios.

Ejecución de la pena y otras reformas

Las condenas comenzarán a ejecutarse cuando los tribunales superiores rechacen recursos extraordinarios federales, evitando la espera de pronunciamientos de la Corte Suprema. Las penas perpetuas no tendrán límite temporal, y los funcionarios condenados perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

El anteproyecto también fortalece el marco de la legítima defensa y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios, subrayando la relevancia de la víctima en el proceso judicial.