El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este jueves un nuevo operativo de demolición de un inmueble vinculado a la comercialización de drogas en Rosario. El procedimiento se realizó en Castellanos al 2600 y permitió alcanzar un total de 123 búnkeres inactivados en el territorio provincial desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.
La investigación que derivó en el derribo se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre movimientos compatibles con la venta de drogas. Como resultado de las actuaciones judiciales, cuatro personas vinculadas a la actividad ilícita que se desarrollaba en el lugar quedaron detenidas.
Debido a las características del inmueble, de dimensiones reducidas y con pasillos muy angostos, parte de la demolición debió realizarse de manera manual, ya que el ingreso de maquinaria pesada resultó imposible en algunos sectores de la construcción.
La intervención fue supervisada por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes participaron del operativo junto a distintos organismos involucrados en la estrategia provincial contra el narcomenudeo.
El objetivo de la medida fue evitar que estos espacios volvieran a ser utilizados para actividades delictivas y recuperar sectores afectados por el accionar de organizaciones criminales.
Los derribos comenzaron a ejecutarse durante los primeros meses de 2024, luego de la sanción de la Ley de Microtráfico por parte de la Legislatura santafesina y su posterior promulgación. Desde entonces, las acciones fueron coordinadas entre el Gobierno provincial, la Justicia, el MPA, la Policía de Santa Fe y, en algunos casos, fuerzas federales y municipios.
Según destacaron desde la administración provincial, la normativa se convirtió en una de las principales herramientas para intervenir sobre el narcomenudeo.
