Gremios docentes de Santa Fe repudiaron el proyecto de Milei para declarar la educación como “servicio esencial”

El Presidente de las Nación, Javier Milei, se volvió a referir al proyecto del Gobierno nacional para declarar la  educación como un servicio esencial. De esta manera, se restringe el derecho a huelga y se garantiza el normal funcionamiento de los establecimientos escolares.

La medida se estableció a través del DNU 70/2023 que emitió el Ejecutivo una vez asumido. Sin embargo, el capítulo se encuentra suspendido por un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral Nº 8 a causa de una presentación de Ctera (Expte 390/24 del 9/2/2024). 

A raíz de esto, el mandatario hizo referencia en el discurso de la Asamblea Legislativa del pasado viernes. 

“En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga”, aseguró Milei en su alocución.

Tras ello el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario, Martín Lucero, emitió un comunicado manifestándose en contra del proyecto del Gobierno nacional y sobre las declaraciones del jefe de Estado.

El secretario señaló que los servicios públicos esenciales son “aquellos cuya interrupción puede poner en riesgo la salud, la vida o la seguridad de las personas”. Por esta razón “el derecho a huelga cede para garantizar la continuidad del servicio”.

“Se habla de resolver el problema de los paros”, dijo Lucero. En este sentido, declaró que es “atacar las consecuencias” en vez de las causas de los problemas de la educación. Para el dirigente, esto está  “tapando la incapacidad de gestionar políticas públicas que la mejoren”.

Asimismo consideró que los datos que dio el Presidente durante su discurso fueron erróneos. : “En la actualidad en nuestro país solo el 1,9% de las personas no sabe leer y escribir. En 1869 ese porcentaje era del 78,2%, en 1914 era el 37,9, en 1980 el 6%, en 1990 el 4%".

Sobre la mención al sindicalista educativo Roberto Baradel en el discurso del libertario, Lucero expresó que “debe inscribirse en la permanente agresión que desde la primera magistratura se hace a referentes que se oponen a sus políticas. Puede ser una cantante, un gobernador o un dirigente gremial. No deja de ser grave”. 

“Rehenes para negociar paritarias”: la frase de Milei por los paros 

En torno al término “rehenes” que utilizó Milei para hablar sobre los paros, el dirigente 

dijo que “pone a la docencia en el lugar de secuestradores y por lo tanto de delincuentes. Es a todas luces una definición exagerada. En todo caso, quien ha defendido genocidas y secuestradores de niños y niñas es la actual vicepresidenta de la Nación. La situación no hace posible comparar a una maestra de escuela, con Videla, Astiz o Etchecolatz (quienes han sido condenados por secuestros y supresión de identidad)”.

Y agregó “No es menor el énfasis que pone Milei en remarcar que ‘los rehenes’ serían utilizados para ‘negociar en paritarias provinciales’. La referencia es clara: No hay más paritaria federal, no hay más fondos nacionales para educación y el sistema educativo es un problema de las provincias”.

Lucero observó que Milei “lo dijo con la mayoría de los gobernadores como público como proponiendo una asociación anti derechos: no les mandó los fondos que les debe la Nación a las provincias, pero imponemos que no haya huelgas docentes. De manera cruel, la fórmula propuesta es que los derechos que pierden las provincias a manos del poder central, los gobernadores se los cobren a los docentes vía el congelamiento salarial sobre una actividad que no puede hacer paros”.

“Es llamativo que el presidente de la Nación habla de terminar con la huelga y no de mejorar la calidad educativa”, reflexionó Lucero. A su vez, aseveró que en el decreto “ninguna norma habla de inversión, creación de escuelas, jardines, ampliación de aulas, incorporación de equipamiento didáctico. Solo que la “guardia mínima” es del 75 % del personal”.

Repaso histórico sobre la declaración de la educación como “servicio esencial” 

Lucero aclaró que la idea de declarar la educación servicio esencial no es nueva: “Comenzó durante los '90 en el gobierno de Carlos Menem y más recientemente durante la presidencia de Mauricio Macri (sin ninguna pandemia de por medio), el último proyecto data de 2018”.

Recordó que algunos sectores del PRO también presentaron el proyecto durante la pandemia.  “El razonamiento era que, si un kiosco podía funcionar con distanciamiento social, cómo no iba a poder abrir una escuela. Un razonamiento torpe que carecía del sustento básico: la docencia no estaba de paro, declarar la educación como servicio esencial no cambiaba la situación y la prestación ‘del servicio’ de manera remota agotaba ampliamente los requerimientos legales de la ‘esencialidad’ en términos de medida gremial”, dijo.

Y especuló como “esperable que el rechazo del Senado de la Nación y la Cámara Baja del DNU termine de por tierra con este cambalache normativo”.

Por último dijo que lo “esencial no es lo mismo que importante o prioritario”, y aseguró que “la mejor definición jurídica que le podemos dar a la educación no es rebajarla a un mero servicio, sino, por el contrario, sostenerla como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado como lo hace la Ley Nacional de Educación. Fuera del comercio, “no se puede comprar ni vender” y en este sentido “los servicios pueden ser privatizados y desregulados, pero los derechos, no”.