En paralelo a una nueva protesta policial frente a la Jefatura de Rosario, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, convocó a una conferencia de prensa para fijar la postura oficial ante un conflicto que se mantiene activo pese a los recientes anuncios salariales y laborales.
El funcionario recordó que, ante reclamos previos, el gobierno provincial había presentado un paquete de medidas que incluyó mejoras en los ingresos y propuestas vinculadas al bienestar del personal policial. Sin embargo, señaló que las manifestaciones continuaron y reconoció que se trata de un reclamo “justo y atendible”, aunque advirtió que con el correr de las horas se sumaron distintos grupos con intereses propios cuyas expresiones derivaron en “acciones violentas y antijurídicas”.
Afirmó que buscaron instigar al personal policial, difundir información falsa a través de redes sociales y grupos internos, y generar un impacto negativo en el despliegue preventivo en la ciudad.
En ese marco, Cococcioni detalló que durante la protesta se intentó impedir la salida de móviles destinados al patrullaje y que se registraron situaciones de abandono del servicio, con al menos una veintena de patrulleros apostados frente a la Jefatura. Algunos de esos oficiales, indicó, se retiraron del lugar sin retomar sus tareas operativas.
El ministro fue enfático al señalar que este tipo de conductas no serán toleradas por la gestión, aunque remarcó que el acompañamiento al personal que cumple correctamente con sus funciones se mantiene. En ese sentido, sostuvo que el gobierno seguirá respaldando a quienes trabajan de manera responsable dentro de un reclamo legítimo.
Además, informó que durante la concentración fueron identificados allegados a policías desplazados por la actual gestión, algunos de ellos imputados en causas judiciales y con prisión preventiva.
En relación al impacto en la seguridad, Cococcioni reconoció que “el patrullaje hoy se está sosteniendo, no con normalidad, sino con esfuerzos”, debido a la reducción momentánea de unidades en la calle. En la misma línea, advirtió: “que 20 unidades de patrulla urbana abandonen su servicio en plena jornada objetivamente eleva los niveles de riesgo”.
Finalmente, el ministro remarcó que el abandono del servicio puede derivar en responsabilidades penales si se produjera un delito como consecuencia de la falta de cobertura policial, y reiteró que el reclamo salarial es válido, pero no así las acciones que comprometen la seguridad de la población.
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