Rosario impulsa una mesa de trabajo para abordar la problemática de los cuidacoches

 La discusión sobre la actividad de los cuidacoches en Rosario volvió a instalarse en el Concejo Municipal tras la aprobación de un proyecto para crear una mesa de trabajo que aborde la problemática de manera integral. La iniciativa, impulsada por la concejala Fernanda Gigliani, del Partido Iniciativa Popular, propone sumar al debate al municipio, la provincia y la Justicia, con el fin de encontrar soluciones más profundas a una problemática que afecta a distintos barrios de la ciudad.

Gigliani remarcó que se trata de un debate histórico, atravesado por miradas contrapuestas que van desde la prohibición absoluta hasta propuestas de regulación o empadronamiento. La concejala cuestionó los abordajes simplistas y advirtió que muchas veces la política “trabaja para la tribuna”, especialmente en contextos electorales, con consignas fáciles de comunicar pero poco efectivas para resolver el problema de fondo.

La edil subrayó que la realidad de los cuidacoches no es homogénea y que es importante “separar la paja del trigo”. En ese sentido, identificó a quienes se organizan con fines delictivos, vinculados a extorsiones, barras bravas o economías ilegales, para quienes corresponde la aplicación del Código Penal. Por otro lado, mencionó a personas expulsadas del sistema formal, sin antecedentes, que recurren a esta actividad como forma de subsistencia, muchas veces atravesadas por problemáticas sociales, de consumo o de salud mental.

En este marco, defendió la necesidad de contar con un diagnóstico serio y actualizado, basado en datos concretos que, según afirmó, el Estado municipal ya posee en parte. Indicó que la sola prohibición no ha dado resultados en ningún lugar del mundo y que, lejos de solucionar el conflicto, suele fortalecer a las mafias. También cuestionó los esquemas de demoras temporales, que dejan a los vecinos con la carga de probar una extorsión y no logran modificar la situación en el mediano plazo.

La mesa de trabajo comenzaría a funcionar en marzo y buscará construir consensos mínimos para definir políticas diferenciadas según los casos y territorios. Gigliani expresó su expectativa de que el tema se aborde con mayor madurez política y responsabilidad institucional, y señaló que, si no se logran acuerdos concretos, cada sector deberá dar explicaciones claras a la sociedad. “Este es un problema complejo, sin soluciones mágicas, pero que exige decisiones serias y sostenidas en el tiempo”, concluyó.