La provincia de Santa Fe cerró el mes de enero con la cifra más baja de homicidios registrada hasta el momento para este período del año, según informó este jueves el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, durante una conferencia de prensa en la sede de Gobierno.
El funcionario destacó que se trata de “un enero que ha mantenido indicadores a la baja en materia de circulación de violencia”, aunque remarcó que los resultados no deben interpretarse como un motivo de festejo, sino como un incentivo para profundizar las políticas de seguridad, el patrullaje, las investigaciones criminales y las intervenciones territoriales en los barrios, especialmente en Rosario.
De acuerdo a los datos oficiales, en toda la provincia se contabilizan 11 homicidios dolosos en lo que va del mes, una cifra que representa casi la mitad del registro más bajo anterior, correspondiente a 2019. En el departamento Rosario, el número desciende a siete casos, muy por debajo de los valores observados en los años más críticos, como 2022 y 2023, cuando a esta misma altura se superaban las dos decenas de crímenes.
Durante la conferencia, Cococcioni también fue consultado por el caso de Luna, la adolescente de 13 años que murió tras un siniestro vial y cuya identificación se produjo varias semanas después. El ministro explicó que la denuncia por su paradero se habría realizado días después de su desaparición y que el proceso de reconocimiento de los restos demandó tiempo debido a la falta inicial de elementos certeros.
En ese sentido, sostuvo que será la Fiscalía la encargada de determinar si existieron fallas en los procedimientos o en la coordinación entre los distintos organismos intervinientes, y pidió prudencia hasta contar con conclusiones basadas en evidencia.
Otro de los ejes centrales de su exposición fue el debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, reactivado tras el caso de Jeremía Monzón. El titular de la cartera de Seguridad reafirmó la postura del gobierno provincial a favor de modificar el régimen penal juvenil, ampliando la posibilidad de sancionar a menores de 16 años y contemplando incluso evaluaciones individuales en hechos de extrema gravedad, mediante peritajes que determinen si el menor comprendía la criminalidad de sus actos.
