La provincia de Santa Fe se encuentra en el centro de una investigación judicial tras una denuncia penal por la matanza ilegal de más de 300 animales silvestres, entre ellos patos, yacarés y otras aves protegidas. El hecho, que ocurrió a principios de este mes en las localidades de Intiyaco y Fortín Olmos, dentro del departamento Vera, salió a la luz tras la viralización de fotografías en redes sociales donde se observa a contingentes de cazadores extranjeros posando junto a los ejemplares muertos.
La presentación formal fue radicada por el gobierno provincial ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con el objetivo de esclarecer de manera urgente el exterminio de la fauna autóctona en la región de la Cuña Boscosa. El secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani, confirmó que la denuncia ya está bajo la órbita de los tribunales santafesinos y que también se dio intervención a la Fiscalía Federal y a la extrapenal de la Procuraduría provincial. En paralelo, agentes de la Guardia Rural Los Pumas llevan adelante inspecciones de oficio en el área de Tostado.
De acuerdo con los datos recabados en la investigación preliminar, los implicados pagaban importantes sumas en dólares para acceder a estas jornadas de caza guiadas en el norte santafesino. Las autoridades advirtieron que el operativo estuvo marcado por severas irregularidades: el organizador del contingente es un operador cinegético de la provincia de Córdoba que no figura inscrito en la Secretaría de Turismo de Santa Fe, el guía del grupo carecía de credenciales habilitantes y el campo utilizado no se encuentra registrado como zona de caza permitida.
Desde el punto de vista normativo, la última resolución gubernamental santafesina, fechada el 30 de abril, establece un límite estricto de captura de hasta 12 patos por persona por día. En este caso, el volumen de la matanza e incluso la presencia de especies cuya captura está completamente prohibida infringe la ley de fauna nacional y expone a los responsables a duras sanciones.
La difusión del caso generó el rechazo de la Cámara de Turismo Cinegético de Santa Fe. Su apoderado, el abogado Marcos Oalechea, manifestó el malestar del sector y señaló que este tipo de episodios informales perjudica a las nueve empresas reguladas que operan bajo control estatal en la provincia. El representante enfatizó el impacto económico de la actividad autorizada en el interior santafesino —que abarca hotelería, gastronomía y transporte— y solicitó formalmente profundizar los controles para detectar a operadores clandestinos y cazadores furtivos en la región.
