Tras la polémica, Cambiemos postergó tratar la reforma del Ministerio Público Fiscal

El oficialismo de la Cámara de Diputados resolvió postergar el debate del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que iba a ser debatido este miércoles en el recinto de la Cámara baja, luego de la polémica que surgió a partir de loscuestionamientos planteados a la iniciativa por la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

En la mañana del martes, cuando se negociaba contrarreloj para evitar que se suspendiera la sesión el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, había asegurado que el gobierno nacional quiere que se reforme la ley del Ministerio Público, pero aclaró que "es respetuoso de los roles", y que entiende que "se ha generado debate" en el Congreso.

Además. aseguró que "si no se generan los consensos, no habrá modificación a la ley", lo que consideró que "tampoco es nada grave".

El proyecto que busca reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal contempla limitar a cinco años el cargo vitalicio del Procurador General de la Nación (Alejandra Gils Carbó lo ejerce desde agosto del 2012).

Una cláusula transitoria del proyecto establece también que la bicameral de Ministerio Público deberá avalar los nombramientos de los fiscales de distrito, así como sus traslados, y revisar además las designaciones realizadas en las 11 direcciones generales en las que Gils Carbó apuntala su gestión.

Carrió se había mostrado contraria al contenido de la iniciativa por considerarla "inconstitucional" y sorprendió a los propios integrantes del interbloque Cambiemos.

La controversia entre los aliados generó malestar en el Frente Renovador, que advirtió que no continuarán con el tratamiento de la iniciativa "hasta que Cambiemos no resuelva sus diferencias" internas en torno al proyecto.

En este marco, fuentes parlamentarias no descartaban que la situación planteada en la Cámara baja fuera uno de los ejes a tratar en la habitual reunión de la mesa chica del gobierno de Mauricio Macri, de la que forma parte el presidente del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri.

Los cuestionamientos de Carrió al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, plasmados en una serie de observaciones al dictamen de mayoría, plantean el rechazo de la Coalición Pública a la iniciativa por considerarla "inconstitucional" y apuntan a que, para un eventual desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, debería utilizarse el resorte del juicio político y "no un acuerdo corporativo".

Desde el Frente Renovador reniegan de "tener que aparecer acompañando la sanción de una ley, que integrantes del propio oficialismo están cuestionando".

Sin el apoyo del massismo, el oficialista interbloque Cambiemos no reúne el consenso necesario para poder convocar a la sesión y ya anticiparon que no se arriesgarán a seguir adelante sin un panorama más certero.


Si bien desde el oficialismo parlamentario minimizaron la polémica generada por las observaciones de Carrió, no descartaron que en el tema pueda haber incidido "el fuerte rechazo" de la líder de la Coalición Cívica hacia la figura de la diputada del FR, Graciela Camaño, quien fue elegida hace un mes para estar al frente de la Bicameral, que a partir de la sanción de la nueva ley tendrá fuerte injerencia en el control del Ministerio Público.

Con este panorama, el oficialismo intentaba definir la situación y no descartaban que, ante la polémica, se pueda sesionar de todos modos con otros temas contemplados en el temario, entre los que se encuentran los proyectos que forman parte de la reforma Justicia 2020, cuyo tratamiento había pasado a cuarto intermedio semanas atrás ante la negativa del Frente Renovador de acompañar su aprobación.

 Mientras tanto, unos 40 fiscales se preparaban para asistir este miércoles a la sesión con el objetivo de manifestar su oposición al proyecto de ley.

Así lo había adelantado la fiscal general Mónica Cuñarro en declaraciones a Radio del Plata, en las que precisó que "más de 40 fiscales, junto a varios colectivos, entre los que también hay algunas agrupaciones sindicales, vamos a ir, tranquilos, al recinto con carteles con consignas".

Para Cuñarro, "el objetivo (de la reforma) es cambiar figuritas de fiscales e intervenir de facto el Ministerio Público".

"¿Realmente quieren sacar a Alejandra Gils Carbó?", se preguntó la funcionaria judicial para responder de inmediato en forma negativa, al considerar que "lo que quieren es repartirse fiscales y jurisdicciones", en alusión al Poder Ejecutivo.

En la misma línea, el fiscal federal Jorge Di Lello consideró que "es una real locura. Es más o menos lo mismo hacer una reforma por una persona que usar un Exocet (un misil) para matar una cucaracha y, después, quejarse porque se cayó el edificio".

Para Di Lello es "evidente" que de sancionarse la norma "se perdería absolutamente la independencia del Ministerio Público, porque una cosa es autonomía y autarquía, y otra es independencia".

En declaraciones formuladas a la radio Futuröck, Di Lello cuestionó que se pongan "todas las decisiones en manos de una comisión bicameral a la que pertenencen partidos políticos", con lo cual "el poder político ejercería el control del Ministerio Público Fiscal".

"Para hacer eso, es mejor que (al titular del Ministerio Público Fiscal) lo designe el Presidente, como era con anterioridad", expresó el fiscal, quien puso como ejemplo su propio caso al señalar que fue nombrado por el ex presidente Carlos Menem y que, luego, su designación obtuvo el acuerdo del Senado, como ocurría antes de la Reforma de la Constitución.