Carta pública de Coad
El gremio de docentes e investigadores de la UNR, Coad, presentó una “Carta pública al pueblo argentino” en la que denunció la gravedad institucional que atraviesan las universidades y sus trabajadores.
En el documento, los docentes calificaron de “regresiva” la reforma laboral y criticaron lo que consideran una política de represión y persecución contra quienes defienden derechos laborales y sociales, citando casos de sindicalistas de aceiteros y marítimos.
“El gobierno nacional profundiza una política de diversas formas de disciplinamiento contra quienes defienden derechos laborales y sociales”, sostiene la misiva.
Preocupación por la ley de financiamiento universitario
En el ámbito universitario, Coad advirtió que se atraviesa una situación alarmante por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Según el gremio, el gobierno judicializa para no aplicar íntegramente la medida cautelar dictada por el Poder Judicial Federal.
El sindicato alertó que mientras la ley se demora, los salarios continúan deteriorándose y el funcionamiento de las universidades públicas se ve comprometido.
Posición del CIN y preocupación sindical
Coad recordó que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se ofrecieron a modificar la ley de financiamiento, aunque esta postura no fue ratificada institucionalmente, lo que generó una profunda preocupación en los docentes.
“Modificar una ley ratificada y con sentencia, que aún no ha sido plenamente aplicada, implica ir contra el orden constitucional y convalida el ajuste, debilitando una herramienta conquistada tras dos años de movilizaciones masivas”, señaló el gremio.
Próximo tratamiento en el Congreso
El sindicato concluyó advirtiendo que no es momento de retroceder ni negociar a la baja lo que fue producto de lucha colectiva. El nuevo proyecto de modificación de la ley de financiamiento universitario fue presentado y su tratamiento en el Congreso está previsto para marzo.
Coad mantiene así un estado de alerta y seguirá reclamando la aplicación plena de la normativa para garantizar salarios justos y el correcto funcionamiento de la educación pública en la UNR.
