En 2024, más de 4 mil menores estuvieron en conflicto con la ley penal en Argentina, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). El documento detalla la cantidad de niños y adolescentes que permanecieron en dispositivos de encierro o bajo medidas penales en territorio, en medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad.
Al 31 de diciembre de 2024, se registraron 4.119 menores en el ámbito penal juvenil:
3.249 bajo medidas penales en territorio, con programas de acompañamiento y supervisión comunitaria.
865 alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad.
4 con prisión domiciliaria.
1 sin información sobre la modalidad de abordaje.
El informe destaca que ocho de cada diez menores contaba con medidas que no implican restricción de la libertad, priorizando la integración en redes sociocomunitarias.
A pesar de una tendencia descendente general, se observó un leve aumento de menores bajo privación de la libertad. El Sistema Penal Juvenil cuenta con 174 dispositivos en todo el país:
75 para medidas penales en territorio.
99 vinculados a encierro, de los cuales 63 corresponden a privación de la libertad, 27 a restricción y 9 a aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, predominan:
Contra la propiedad (57,1%)
Contra las personas (13,9%)
Contra la integridad sexual (7,5%)
El informe también advierte sobre la presencia de menores de 16 años institucionalizados por razones penales. Se registraron 48 casos entre 12 y 15 años, de los cuales 44 estaban en encierro, pese a que la ley penal juvenil los declara no punibles. Según la normativa vigente, estos menores deberían ser abordados por los organismos de protección integral de derechos.
La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes, con Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal superando ampliamente ese promedio. Córdoba y Buenos Aires concentran el 75% de los casos.
Entre los menores punibles, más del 60% tenían entre 16 y 17 años. Además, más del 30% que permanecen bajo encierro cumplen medidas posteriores a haber alcanzado los 18 años, reflejando un efecto prolongado del sistema penal juvenil.
Fuente: NA.
