Las protestas registradas en la Policía de Santa Fe derivaron en al menos 20 pases a disponibilidad, según confirmó este martes el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. La medida se tomó tras detectar situaciones de abandono de servicio durante las manifestaciones que tuvieron como epicentro la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario.
Mientras avanzaba la protesta, decenas de motos y patrulleros permanecían apostados frente a la sede policial. Desde el gobierno provincial denunciaron que parte de esos móviles no cumplió con las tareas asignadas, lo que obligó a reorganizar el esquema de seguridad y a coordinar refuerzos con el Ministerio de Seguridad de la Nación y fuerzas federales.
Cococcioni explicó que el patrullaje en la ciudad se sostuvo, aunque con un esfuerzo adicional y fuera de los parámetros habituales, y remarcó que la salida de circulación de unas 20 unidades incrementa objetivamente los riesgos para la seguridad pública.
En relación al trasfondo del conflicto, el ministro diferenció el reclamo salarial, al que consideró válido, de las formas que tomó la protesta en las últimas horas. En ese sentido, sostuvo que a una demanda legítima se superpusieron intereses ajenos al personal activo, con prácticas que incluyeron acciones ilegales y episodios de violencia.
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El funcionario atribuyó la escalada del conflicto a la participación de personas vinculadas a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe durante la actual gestión, algunos de ellos involucrados en causas por corrupción y actualmente privados de la libertad. También señaló la presencia de individuos con el rostro cubierto que intentaron mezclarse entre los manifestantes.
Desde el Ejecutivo provincial afirmaron que no permitirán que se utilice a la institución policial para afectar una política de seguridad que, aseguran, logró ordenar el despliegue preventivo en Rosario. En paralelo, ratificaron la voluntad de diálogo para mejorar las condiciones laborales del personal que cumple con sus funciones.
Finalmente, Cococcioni anticipó que podrían producirse nuevos pases a disponibilidad a medida que avance la investigación administrativa y confirmó que darán intervención al Ministerio Público de la Acusación para evaluar eventuales responsabilidades penales derivadas del abandono del servicio.
