Rosario y la región
Santa Fe juzgará a 21 policías por torturas a jóvenes en las Cuatro Plazas
Las autoridades policiales serán juzgadas por supuestos actos de tortura, falsificación de actas y robo en una causa emblemática por represión en democracia.
En la provincia de Santa Fe, el proceso judicial contra 21 agentes de la fuerza policial por presuntas torturas, robo y falsificación de documentos tendrá lugar entre el 18 de febrero y el 9 de marzo de 2026. La causa, que involucra a siete jóvenes arrestados en marzo de 2018 en las Cuatro Plazas, en la ciudad de Rosario, había sido postergada por casi dos años, tras concluir en noviembre de 2023 las audiencias preliminares. Los querellantes solicitan penas que oscilan entre 5 y 12 años de prisión.
El caso se remonta a la madrugada del 23 de marzo de 2018, cuando los jóvenes fueron detenidos en Mendoza y Provincias Unidas por sospecha de venta ilegal de drogas, acusación que luego fue desmentida. Los adolescentes denunciaron haber sido sometidos a apremios ilegales en la comisaría 14ª, tras lo cual la Justicia empezó a recopilar pruebas y testimonios. Sin embargo, la realización del juicio se demoró considerablemente debido a múltiples obstáculos, según afirmó Federico Pagliero, abogado de la querella y representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
"Las pruebas estaban completas y la acusación, presentada, pero la Justicia demoró en establecer la fecha, priorizando otros procesos. La causa es un ejemplo de la resistencia burocrática que enfrentan los casos de represión policial en democracia", explicó Pagliero. La demora ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que remarcan que los plazos habituales para este tipo de juicios suelen ser mucho menores.
El retraso en la justicia santafesina responde a decisiones del Poder Judicial, que en varias oportunidades negó las fechas de juicio, pese a que la evidencia y las audiencias estaban concluidas. La causa también cuenta con registros médicos, testimonios de testigos, grabaciones de cámaras municipales y registros de GPS de los móviles policiales, que documentaron la presencia de 23 vehículos en la madrugada de los hechos.
El testimonio más contundente proviene de una grabación que muestra a oficiales golpeando a Sasha, una de las víctimas, y cortándole las rastas, evidencias que permiten sostener la denuncia de torturas y falsificación de actas. Los agentes también están imputados por delitos de robo y por incumplimiento de deberes.
Respecto a la situación del personal policial, algunos de los imputados gozaron de prisión preventiva y, posteriormente, quedaron en libertad, manteniendo sus puestos en la fuerza, a pesar de las solicitudes de la fiscalía y de organismos de derechos humanos para que pasaran a disponibilidad.
Desde la querella, se destacó que la causa contiene pruebas sólidas y que el clima social en la ciudad refleja una tendencia a la impunidad en casos de violencia institucional. La lucha por justicia también se ve reflejada en otras causas recientes, como el juicio por la muerte de la docente María de los Ángeles Paris, ocurrido en la comisaría 10ª, que recién ahora inicia su proceso tras 8 años de demora.
Por su parte, el equipo jurídico de la querella resaltó la importancia de la celeridad en estos procedimientos para garantizar la dignidad de las víctimas y la confianza en la justicia. "Es fundamental que la sociedad acompañe estos procesos para evitar que casos como estos vuelvan a repetirse", afirmó Pagliero.
Organizaciones sociales y académicas consideran que las modificaciones en los marcos normativos y las políticas de seguridad en Rosario han agravado la situación, incrementando la persecución a jóvenes y sectores vulnerables. La reciente publicación de informes sobre prácticas policiales en la ciudad revela un panorama de aumento en las violencias institucionales, que se reflejan en la continuidad de hechos de represión y violaciones a los derechos humanos.
El juicio, que marcará un precedente en la lucha contra la impunidad de delitos policiales en Santa Fe, busca sentar un precedente de justicia y reparación para las víctimas, en un contexto de creciente preocupación social por la situación de los derechos humanos en la región.